Reacciones al derribo de la vivienda de Cañada Real

"El Ayuntamiento de Madrid no debería dejar que este tipo de actuaciones se deterioren poco a poco, que este tipo de problemas se vayan pudriendo para, al final, tener estas consecuencias", criticó Lucas durante su visita al distrito de Puente de Vallecas.

Según el concejal, "la Junta de distrito ya acordó la creación de una comisión que tratara este problema, pero el Ayuntamiento nunca la puso en marcha". "Lo que no es posible es que no haya habido un trabajo de los servicios sociales previo al desalojo y que tampoco se prevea un trabajo posterior por los servicios sociales ante este tipo de situaciones", añadió.

Por otra parte, el portavoz municipal manifestó su "más profundo respeto a las decisiones judiciales" y deseó que "las personas, tanto policías como civiles, que han resultado heridas se recuperen lo antes posible".

IU pide medidas integrales
Por su parte, el Grupo Municipal de IU en Madrid se mostró conforme con que se cumpla la ley, pero pidió al Ejecutivo local que "cumpla también los acuerdos políticos" alcanzados en el Pleno.

El portavoz de la coalición de izquierdas en el Consistorio de la capital, Ángel Pérez, explicó que "en el Pleno del 28 de junio de 2006 se aprobó por unanimidad una proposición socialista que preveía medidas integrales para esta zona y que no solo se orientaban al ámbito urbanístico".

Esa propuesta recogía un presupuesto específico para 2007 para acometer varias medidas, entre otras la constitución de una comisión para desarrollar un Plan Especial temático, la recuperación del entorno natural, la mejora de la seguridad, la instalación de alumbrado público, la creación de un programa para luchar contra el absentismo escolar y la búsqueda de una solución para el problema de drogas.

Sin embargo, Pérez consideró que, "15 meses después de aprobar esa propuesta, se ve que su espíritu no se ha llevado a cabo, ya que sólo se ha tenido en cuenta el aspecto urbanístico y no lo medioambiental ni lo social", por lo que exigió al alcalde que "igual que cumple con las leyes, cumpla también con los acuerdos políticos alcanzados en el Pleno".

ATIME denuncia el "uso de la fuerza"
Mientras, la Asociación de Trabajadores e Imigrantes Marroquíes en España (ATIME), manifestó su repulsa ante la actuación de las Fuerzas Policiales para el desalojo de inmigrantes en la Cañada Real Galiana, y denunció el uso "de la fuerza para expulsar a mujeres, niños y familias enteras de sus hogares".

La asociación responsabilizó al Ayuntamiento de Madrid de la situación actual de las familias que se encuentran a la intemperie, tras efectuarse el desalojo sin haber previsto soluciones alternativas a decenas de familias. Por ello, hace un llamamiento a todas las instituciones para que se impliquen en encontrar una solución a las familias que se encuentran en la actualidad fuera de sus hogares.

"Políticas de imagen"
Uno de los párrocos de la Iglesia de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, afirmó que lo ocurrido en la Cañada Real se debe a las "políticas de imagen" de las administraciones, quienes no emprenden medidas reales de integración y vivienda para las clases más desfavorecidas. 

"Las imágenes que hoy hemos visto son aterradoras, con un nivel de violencia flipante. Entre estas imágenes, y las persecuciones que se ven por televisión en las favelas de Río, no hay mucha diferencia", lamentó Baeza.

A su juicio, los desalojos son soluciones tan precarias que solo llevan a más exclusión y a más enfrentamiento social. "Habrá que acogerles en nuestras casas y luego nos dirán que tenemos pisos pateras...Porque la alternativa a las infraviviendas es dormir al cielo raso", consideró.

El párroco de la denominada 'iglesia roja' de Entrevías, que también colabora con población musulmana, dijo comprender la indignación de los vecinos y que los agentes de Policía "son unos mandados", pero hay consideró que hay que preguntarse si los afectados por el desalojo "son una población tan absolutamente peligrosa". "Todo deriva de políticas más de imagen que de preocupación real por la vida de las personas. Hay familias que llevan viviendo aquí más de 20 años, y se pasa a desalojar de manera bestial únicamente por la vía policial, sin respuesta social. Es llamativo", añadió.

Baeza apuntó que "es una situación muy desbordante,... se dan casos en los que una mujer con 12 hijos, que lleva cinco años viviendo en este lugar, y que tiene todos los dosieres positivos de las administraciones para lograr un piso, le dicen que no se lo pueden dar porque no tienen viviendas para alojar a tanta gente", explicó.