Publio Cordón y el juez

La buena noticia del pasado viernes fue que habían sido detenidos los presuntos asesinos de Publio Cordón, diecisiete años después de fuera secuestrado el empresario zaragozano. La mala noticia para su familia llegó 48 horas después, cuando el juez Gómez Bermúdez decidió poner en libertad a dos de ellos bajo fianza. "Otra vez vuelve la pesadilla. No hay derecho. La familia somos rehenes del sistema igual que hace 17 años. Otra vez somos moneda de cambio de rencillas internas o de interpretaciones que nada tienen que ver con el sentido común y con el trabajo de la guardia civil", afirmó su hija al conocer que el juez había decidido prisión incondicional para dos de los grapos y prisión eludible bajo fianza de los otros dos.

   Después de eso, la polémica está servida y, a medida que pasan los días, sigue creciendo. La asociación pro guardia civil ha dicho que la liberación tira por tierra su esfuerzo de investigación de muchos años y hasta las asociaciones judiciales han entrado al trapo unas, como la APM o la Francisco de Vitoria, considerando que lo normal es que se hubiera optado por la prisión preventiva y otros como Jueces para la Democracia apoyando al juez con el argumento de que "mantener en prisión a unos imputados sin que se cumplan los requisitos legales equivaldría a anticipar una condena".

   Sea como fuere, la decisión de juez tiene muchos riesgos, teniendo en cuenta que todavía no ha aparecido el cadáver del empresario y al dejar en libertad a dos terroristas que presuntamente fueron los carceleros y luego encubrieron su fallecimiento pierde una oportunidad para obligarles a confesar lo que sepan. Resulta igualmente chocante que el juez haya fijado para Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, que según dicen se negaron a declarar ante él, una escuálida fianza de 10.000 euros ya que estos veteranos grapos tienen importantes historias delictivas y el riesgo de fuga es evidente.

   Para terminar de rizar el rizo hay acusaciones mutuas sobre la posible filtración de la noticia. El propio juez ha abierto diligencias para investigar quién filtró los informes de las Fuerzas de Seguridad sobre la localización del chalet de Lyon donde fue secuestrado y muerto el empresario, así como los datos de sus secuestradores. Por su parte, la Guardia Civil le recomienda que investigue en su "propia casa" pues en el ámbito judicial las filtraciones están a la orden del día.

   Sea como fuere, la versión oficial de lo ocurrido pone los pelos de punta. Publio Cordón murió a los 15 días de ser secuestrado al intentar escapar del zulo de Lyon. Quince rayas dentro de un armario, que Publio había ido poniendo los quince días de cautiverio, fueron la prueba de que había estado allí. Habría muerto al intentar escapar, pero hasta que no se tenga el cadáver y se le haga la autopsia aun hay demasiados cabos sueltos. Eso es lo verdaderamente importante: llegar a la verdad, mucho más, desde luego, que marear la perdiz con el socorrido tema de las filtraciones, que suele utilizarse como una burda cortina de humo. Mientras, la indignación social por como se está llevando este asunto sigue creciendo y debilita aun más la ya deteriorada imagen de la justicia española.