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Alto coste a las atenciones sanitarias de los sin papeles

Alto coste a las atenciones sanitarias de los sin papeles

Por José Cavero

Ciertamente, quejaron atrás los tiempos en los que el PP, siempre poco dado a convivir con inmigrantes, los aceptaba, sin embargo, porque "venían a atender los trabajos que los españoles no quieren realizar". De entonces a nuestros días, y a la frase del portavoz popular Rafael Hernando -lo mejor que pueden hacer los inmigrantes es irse a su país de origen-, han pasado cinco años de crisis, y varios triunfos electorales que ya permiten hablar de la España de las dos velocidades: La del PP, de recortes sin final, y la de los gobiernos vasco, catalán y andaluz, y los dirigentes sindicales, que no se resignan y rechazan tales recortes. La última medida, en ese sentido, corresponde al Ministerio de Sanidad, decidido a acabar con el "turismo sanitario" y ahorrar así cerca de mil millones al año, para lo que quiere acordar con las CCAA el pago de una cuota mensual por parte de los extranjeros que se encuentren en España y no sean ni asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). La medida está diseñada para españoles "rentistas" que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares.  Sanidad, en este propósito, planea exigir 710 euros al año a los 'sin papeles' por ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, a través de la suscripción a algo similar a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. Si la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un problema, que desaparezcan los inmigrantes....

O, en lenguaje del mencionado portavoz Hernando: "Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso es una reflexión que hago con carácter general". Hernando ha asegurado que España tiene que dejar de ser el "paraíso" de la inmigración ilegal y ha instado a quienes están en situación irregular a volver a su país. Explica El País que el asunto de la asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes se quedarán sin tarjeta sanitaria, y sólo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de solución: que suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea sólo la apoya el PP y su aplicación la rechazan los gobiernos autonómicos "rebeldes", o no pertenecientes al "imperio del PP", catalán, vasco y andaluz. "Muchos españoles no podrían pagarlo" ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. "No es sólo una cuestión de competencias. No veo es cómo va a firmar un convenio un organismo oficial con alguien que está en situación irregular". Para Martínez Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores del real decreto ley de los ajustes del 20 de abril, aunque sea "de forma insuficiente". "Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza.

El Gobierno tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas".A su vez, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, acusa al Gobierno de intentar "criminalizar" a los inmigrantes irregulares al retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. "El precio que ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio", añadió. En un entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es profundamente injusta. "No me lo explico ni desde el punto de vista político, ni ético, ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal...", dice. Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población.  Este es, este miércoles, el asunto principal para la portada de El País, que titula: El peaje sanitario a los sin papeles choca con un rechazo generalizado. El PP anima a los inmigrantes irregulares a abandonar España. Los médicos, Cataluña, Andalucía y Euskadi rechazan la medida. Otros diarios conceden mucha menor importancia al anuncio de Sanidad. El Mundo, por ejemplo. O La Gaceta. En ABC se señala la oferta de una sanidad pública por 60 euros al mes para quien se quede sin tarjeta. O en La Vanguardia: Santidad propone que los inmigrantes sin papeles paguen un seguro sanitario de710 euros al año para ser atendidos. Habla La Razón de "cerco al turismo sanitario": el que no cotice deberá pagar 60 euros. 

Entre las comunidades que no gobierna el PP, Cataluña, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro que va a seguir manteniendo la "gratuidad" de la sanidad, y que los inmigrantes seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar "problemas de salud pública". Cataluña afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la atención hospitalaria y especializada. Y otro tanto sucede con el gobierno de Euskadi. En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo esto. Sanidad se ha limitado a indicar que el modelo de convenios podrá ser suscrito por "nacionales de terceros países". En principio, esto incluiría a los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que "en cuanto a los inmigrantes en situación irregular", como si fueran un grupo aparte, "el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación". Como si esto fuera fácil... El Gobierno excluyó del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes sin papeles para erradicar el 'turismo sanitario', pero nada más conocer que Mariano Rajoy prepara una nueva orden que obligará a los inmigrantes irregulares a abonar una cuota anual si quieren recibir la misma atención sanitaria que cualquier español, ONGs y asociaciones, han puesto el grito en el cielo y han emprendido todo tipo de movilizaciones para frenar la nueva normativa. Asimismo, en menos de un mes, más de 800 médicos han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes. En un principio, el Gobierno anunció que únicamente se atendería a partir del 1 de septiembre a las inmigrantes sin papeles, embarazadas, menores de edad y a través del servicio de urgencias. Sin embargo, este martes se supo que el Ejecutivo obligará a los inmigrantes irregulares menores de 65 años a abonar 710 euros al año, si quieren que el Sistema Nacional de Salud les cubra como hasta ahora.

Para los mayores de 65, la cuota ascenderá hasta los 1.865 euros. El impago de las cuotas tendrá un castigo de tres meses durante los cuales no podrá acceder a los servicios sanitarios públicos. La noticia corrió como la pólvora, provocando el rechazo tanto de profesionales como de afectados, que están recogiendo firmas, poniendo denuncias al Defensor del Pueblo y haciendo peticiones a las comunidades autónomas para que regulen en contra de la reforma. La Organización Médica Colegial (OMC) también ha avisado de que limitar a los "sin papeles" el acceso a la sanidad pública puede provocar "a medio y largo plazo" problemas económicos e infecciosos. A su entender, disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la Atención Primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una "demora" en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún tipo de enfermedad.
Por ésta cuestión sanitaria, y por razones laborales, los inmigrantes no comunitarios en paro lo tienen claro: España no tiene futuro a corto plazo. Según cuenta este miércoles El Confidencial, desde enero hasta junio, cada día, 108 desempleados extranjeros se han beneficiado del plan para capitalizar la prestación contributiva que habían generado en España para disfrutarla en su país de nacimiento. En el primer semestre se han beneficiado del programa 19.421 trabajadores extranjeros, una cifra cinco veces superior a la del año 2009. La estimación para este año es que se acojan al mismo plan más de 40.000 inmigrantes no comunitarios. La procedencia principal de estos retornos es iberoamericana y principalmente andina: entre Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú superan el 70% de las solicitudes, concentrándose la inmensa mayoría entre Ecuador (44%) y Colombia (19%). Eso por lo menos era lo que sucedía en 2009. En el informe sobre las tasas de desempleo de julio sobre extranjeros se pueden encontrar algunas claves sobre lo que está pasando. En la actualidad hay en España 333.905 inmigrantes que cobran una prestación contributiva, lo que representa un 10% menos que en el mismo mes de 2011. El porcentaje entre los desempleados de los países no comunitarios es del 14%.
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