Pagar a terroristas

Los piratas de Somalía o las bandas armadas del Sahel deben tener preferencia por el secuestro de ciudadanos españoles. Saber seguro que cobrarán un rescate por ellos y, además, hecho con absoluta discreción es un auténtico chollo.

Ahí radica la madre del cordero en la polémica sobre la repatriación de cooperantes españoles, más allá de la benemérita labor que realizan en países asolados por la miseria.

Y es que el pago a terroristas, amén de constituir en sí mismo un delito, alimenta el apetito económico de los delincuentes y les provee de más armas con las que perpetrar nuevas acciones.

Lo paradójico del rescate de connacionales secuestrados en el exterior es que se hace a cargo de las arcas públicas. Es decir, es el propio Estado el que incurre de hoz y coz en la ilegalidad, colaborando con los terroristas y lo hace, por otra parte, con el dinero de todos los ciudadanos, a quienes nos convierte en cómplices involuntarios de su acción delictiva.

Eso, al margen de su calificación penal, podría entenderse cuando quien paga es un particular, ya sea la familia del secuestrado o la empresa para la que trabaja. En cambio, resulta escasamente edificante cuando lo realiza el Estado, que en todo momento y circunstancia debe ser garante de la más estricta legalidad.

Dicho lo que antecede, moleste a quien moleste, lo más ético en todo este asunto sería que aquellos ciudadanos privados que se expongan a situaciones de riesgo firmen un documento en el que explícitamente se opongan a cualquier pago por su rescate en caso de secuestro.

Así, entre otras cosas, los terroristas se lo pensarían dos veces antes de atentar contra ellos.