Desde el Grupo Parlamentario popular de Castilla-La Mancha hemos elevado a las Cortes Regionales una propuesta que pretende aportar una nueva visión de la vida pública en nuestra región. Algunas de estas medidas han generado inmediatas reacciones, como por ejemplo la que propugna reducir a la mitad el número de diputados así como la que sugiere la eliminación de sus salarios, haciendo compatible -como es lógico- su vida profesional con su actividad política, para que ésta última no suponga una merma en su economía familiar.
Es posible que ambas propuestas puedan contemplarse desde una óptica meramente económica, pero confío en que seremos capaces de explicar que es mucho más que eso. Supone un intento de adaptar nuestra vida política y nuestra actividad a lo que entendemos demanda la sociedad. Creemos que la vida pública no puede ni debe quedar al margen de los constantes cambios sociales que, en todos los órdenes de la vida y de forma tan vertiginosa, experimentamos en nuestros días.
Efectivamente, si hay algo en lo que podemos encontrar un amplio consenso, en estos días convulsos de incertidumbre económica y social, es en la certeza de que hemos inaugurado un periodo que, en un modo u otro, cambiará sustancialmente nuestra vida. Esta realidad no afecta únicamente a los datos puramente económicos y el modo en que la sociedad percibe a instituciones tradicionalmente aceptadas como agentes relevantes de nuestro entorno, léase los bancos, los políticos, las empresas o el estado. Esta realidad afecta también a planteamientos mucho más profundos, que, agitados por acontecimientos puntuales, remueven cada cierto tiempo nuestras certezas y nuestra visión del mundo.
Creo que nuestra generación, que ha vivido la mayor época de bienestar económico y paz social de la historia de nuestro país, afronta ahora el difícil reto de liderar una transformación hacia nuevos horizontes donde sentemos las bases de sociedades más justas y equilibradas. No podemos ignorar que todavía nuestro mundo afronta tremendas desigualdades, guerras, injusticias, pobreza y dictaduras políticas o económicas que limitan nuestras posibilidades de una convivencia como todo ser humano entendemos que merece, al menos en nuestra concepción moral y política de lo que esto significa.
Sin embargo, debemos ser también conscientes de los enormes avances que tras la segunda mitad del pasado siglo hemos experimentado. Muchos países y con ellos sus ciudadanos se han sumado, en mayor o menor medida, a las expresiones de bienestar que representan la consecución de derechos y libertades, avances económicos, progreso científico y, en definitiva, un mayor bienestar social.
Estos avances y lo que con ellos hemos aprendido, han tenido también algunos efectos perversos dado que nos hemos recreado en nuestras ideologías, organizaciones, sistemas y en definitiva nos hemos acomodado a realidades que no peligraban en modo alguno mientras la senda del bienestar económico siguiera marcando nuestra agenda.
Es cierto que desde hace tiempo se oyen voces que desde muchos rincones (la academia, intelectuales, políticos, profesionales...) alertaban precisamente de la involución que supone la no evolución, la crisis de valores y lo que de ello se deriva, la escasa importancia que en nuestros días tienen ideas y principios que un día sirvieron para que hoy día disfrutemos de una sociedad como la nuestra. Me refiero a palabras tan incómodas como imprescindibles: esfuerzo, respeto, constancia, equidad y todas aquellas que sin ser invocadas de forma consciente, formaban la esencia de nuestras decisiones.
En esta tesitura entre bienestar conseguido y el constante y necesario deseo de cambio que impulsa nuestro progreso, nos ha sorprendido una crisis económica que, además de muchas cosas, ha puesto de manifiesto algunas de las contradicciones y frustraciones que esas voces críticas y muchos de nosotros en lo más hondo de nuestras conciencias, presentíamos de forma evidente, algo que quizás contemplábamos como inexorable, inherente a nuestro sistema, pero en modo alguno, peligroso.
No obstante, la situación ha cambiado. Si algo hemos aprendido en estos últimos meses tan duros para nuestro país, es que no podemos ni debemos, en este caso los gobernantes y los representantes políticos, ignorar esas voces siempre críticas y por tanto a veces algo incómodas, que desde dentro de nuestra cabeza y desde otras plataformas con mayor o menor impacto, claman por esos cambios. No escuchar este clamor, supone tanto como favorecer la comprensible indignación que el inmovilismo y la desidia puede representar en tanto la sociedad padece de forma injusta los nefastos efectos de políticas y organizaciones alejadas de la realidad.
Debemos asumir nuestras responsabilidad como gobernantes, en mi caso en una región cuyos ciudadanos viven muy de cerca y padecen muy en primera persona los efectos de esta crisis. Hemos heredado la peor situación financiera de toda España y por eso creemos necesario, dadas nuestras convicciones tanto políticas como humanas, abanderar y liderar los cambios necesarios para que los ciudadanos tengan un motivo de esperanza y por qué no decirlo de "orgullo" en sus gobernantes. Necesitamos que los ciudadanos sientan afección hacia la vida pública y rechacen esa imagen, tantas veces denigrada de manera indiscriminada e injusta, de nuestra actividad como políticos.
Yo entiendo, y mis colegas de gobierno igualmente, que la política no es sino una entrega y renuncia en favor del bien común y por eso me duele contemplar la distancia con una parte importante de la ciudadanía que no comprende ni acepta ciertos -a mi juicio- malentendidos privilegios o beneficios de los que supuestamente gozamos los políticos.
Iré más allá: creo que la mayor parte de los políticos de este país se dedican a esta noble tarea de trabajar para la comunidad, en la confianza de que, con sus ideas, experiencia y trabajo duro, pueden conseguir realmente avances, sea cual sea su modo de entenderlos. Por tanto no comparto la visión displicente y agresiva que de nuestra labor se hace por algunos colectivos, aunque reconozco, y los datos de los estudios demoscópicos así lo atestiguan, que necesitamos provocar un cambio de rumbo, para hacer nuestra labor más cercana, comprensible y aceptada por el ciudadano.
No podemos desconocer que los cambios en nuestra sociedad son tantos y tan rápidos que resulta complicado mantener, desde las instituciones públicas, el paso que nos marcan. Nuestras vidas y formas de organizarnos han cambiado drásticamente merced a las nuevas posibilidades en la comunicación, el uso de las nuevas tecnologías, la facilidad para la movilidad geográfica, las nuevas especializaciones, la forma de entender las relaciones laborales, y tantos otros factores que claramente han marcado una diferencia en pocos años de estructuras y organizaciones que durante mucho tiempo marcaron nuestra sociedad.
La política no puede, no debe, quedar al margen. La política es expresión de lo público y tiene la enorme responsabilidad de dar solución a los complejos problemas que nuestras sociedades plantean. Por eso hemos de recoger las sensibilidades y saberlas hacer operativas mediante la toma de decisiones. Por eso la política y quienes a ella nos dedicamos, por un periodo de nuestra vida, debe ser una llamada pero nunca un camino profesional. Debe plantearse como el medio más noble donde entregar nuestra experiencia a los demás para la resolución de los problemas de la comunidad y por tanto debe ser capaz de atraer a los mejores, a los más cualificados a aquellos que durante un periodo de su vida decidan, voluntaria y conscientemente, hacer una renuncia siempre personal y, muchas veces, también material, para dedicarse a este noble oficio.
Es desde esta perspectiva desde la que nuestro grupo parlamentario de las Cortes de Castilla-La Mancha ha decidido ejercer el liderazgo y transformar el mandato de los ciudadanos en propuestas valientes e innovadoras que sintonicen con nuestros nuevos tiempos y con nuestra sociedad.
Es cierto que la crisis en la que estamos instalados puede verse como el fin último de nuestros anuncios; reducción del número de parlamentarios o supresión del salario de los diputados regionales, pero esta visión, quien la tenga, será limitada. Nuestro esfuerzo va mucho más allá, no pretendemos generar un ahorro; pensemos que en términos absolutos no se trata de una gran cantidad de recursos. Tampoco se trata de un mero gesto, un "dar ejemplo" de austeridad, pues fácilmente podría argumentarse que se trata un mal ejemplo en tanto todo ser humano tiene unas necesidades mínimas que cubrir y nuestro salario es el medio de poder hacerlo.
Queremos ir mucho más allá; queremos trasladar una visión de la vida pública y una concepción de la misma que entendemos comparten la mayor parte de los españoles.
También comprendo que esta visión no será compartida por algunos y, por supuesto, que no será de un día para otro, pero si será un primer paso que acompañe nuestras palabras en discursos, nuestras ideas en programas e idearios políticos, con obras y con medidas claras que demuestren nuestro compromiso.
Escucho con estupor algunas de las críticas que de forma creo, muy precipitada, se han vertido con esta propuesta. He llegado a escuchar que es el fin de la democracia, el principio del totalitarismo... Aunque ya estoy acostumbrada a los excesos verbales de algunos de mis rivales políticos, confieso que en esta ocasión mi estupor es mayúsculo. Pensaba yo que, en esta ocasión, tendríamos el deseado consenso de todos los partidos y desde luego de los de izquierda que incorporan permanente en sus declaraciones grandiosas loas a la democracia y la transparencia como si éstas fueran un patrimonio inmaterial, inmaculado y exclusivo de su opción política. Pensaba yo que esta medida se vería como un compromiso máximo con la transparencia, como el fin de un posible favoritismo económico que termine con supuestos privilegios de una "casta" de políticos. Pensaba yo que "normalizar" la vida política insertando a nuestros representantes en sus actividades cotidianas y por tanto en el mundo que nos rodea y, del que algunos pueden tener en ocasiones la tentación de escapar, no haría sino favorecer el compromiso, la cercanía de nuestros representantes y el conocimiento de primera mano de los problemas que nos acucian. Pensaba yo, por tanto, que de este modo haríamos de nuestros políticos un empresario más, un obrero más, un autónomo más, un funcionario más, en definitiva, un ciudadano cuya única diferencia consiste en contar con el mandato popular de representar a sus vecinos.
Sin embargo no ha sido esta la interpretación que por ejemplo hace el PSOE o IU (sorprendentemente partidos políticos que se han mostrado acérrimos defensores de movimientos como el 15-M que, supuestamente, pretenden acercar la política a la sociedad) que parecen ver en esta propuesta, igual que Fukuyama, el fin del mundo. Visiones tan apocalípticas me parecen esconder cierto recelo y desconfianza hacia quienes ejercemos la política y sobre nuestra capacidad para ser ciudadanos ordinarios que podemos vivir de nuestras legítimas profesiones y que al mismo tiempo dedicamos parte de nuestro tiempo y, lo más importante, de nuestra experiencia, a la política.
Esta visión crítica parece esconder más bien un deseo inmovilista de continuar con el "político profesional" que en su vida laboral, nace, vive y muere en la política. A mi juicio, esa etapa debe formar parte del pasado. Yo creo que necesitamos profesionales en política pero no "profesionales de la política". Debemos contar con ciudadanos que por sus méritos y cualificaciones, por sus logros y experiencias profesionales sean requeridos e invitados a la política y que sea su vocación de servicio la que les incentive y empuje, en última instancia, a dedicar una parte limitada de su vida, a esta noble profesión. Si esto es así, no debería ser político el que puede, sino el que lo merece, el que acredite con su experiencia que las soluciones que proclama son viables y su capacidad de llevarlas a cabo también.
No nos engañemos: lo más importante que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos no son nuestros buenos deseos de obrar sino nuestra preparación y contrastada experiencia profesional. No conozco a nadie que ante una complicada operación a vida o muerte prefiera a un médico inexperto pero con buenas palabras que a un experimentado cirujano. No conozco ninguna empresa que prefiera un director elocuente pero despilfarrador, antes que a uno parco en palabras pero responsable y eficiente. No conozco ningún padre que prefiera un profesor muy colega pero sin una buena formación, que un profesor cuyos alumnos siempre obtienen las máximas calificaciones en sus pruebas académicas. Si esto es así, ¿puede la política convertirse una parcela inviolable donde las decisiones, aunque conlleven la ruina de una comunidad, quedan exentas de responsabilidad? ¿Podemos permitirnos el lujo de contar con personas que declaren tener muy altos valores pero quienes no hayan jamás experimentado más allá de la política, que no conozcan en definitiva lo que existe "ahí fuera"?
Soy consciente que habrá tentaciones de minusvalorar y si es posible soslayar esta propuesta, argumentos no faltarán para transmitir un mensaje diametralmente opuesto al que hemos querido hacer desde nuestro partido. Nosotros hemos querido situar al político como ejemplo social y a su trabajo como algo honorable y entregado. Nos dirán que buscamos tener políticos a tiempo parcial, políticos de segunda, políticos sin voz crítica, eliminar la política de la vida pública...etc.
Desde ahora les digo que nada más lejano de la realidad pero, no porque yo lo afirme, sino porque creo que la evidencia y el sentido común acaban por imponerse más pronto que tarde. Creo que nadie negará que uno es más libre cuanto menos necesita y si esas necesidades son materiales, todavía más. Un político que no necesite de la política para su subsistencia, podrá hacerlo mejor o peor, sus ideas podrán ser más o menos razonables o eficientes, habrá de todo, seguro, pero lo que resulta obvio es que su participación en la vida pública nunca estará ligada a un interés material y por tanto sus decisiones contarán con un plus de independencia y de rigor que creemos necesario y, desde luego, deseable.
Son nuevos tiempos y la sociedad requiere decisiones valientes, por eso estoy segura que esta decisión supone un compromiso y una coherencia que objetivamente espero contribuya a una regeneración de nuestra vida pública y a propiciar un cambio radical de la apreciación de nuestros ciudadanos sobre quienes ejercemos la política.
Estoy convencida igualmente de que nuestros jóvenes sabrán entender este mensaje y que en el futuro verán en el servicio público la expresión más alta de un compromiso profesional y personal con la sociedad y que, de este modo, dedicarse a la política y formar parte de este colectivo que trabaja por los demás se convierta para ellos en un horizonte moral antes que profesional.
Mª Dolores de Cospedal
Presidenta de Castilla-La Mancha
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