Tiempo de razones y votos

Es muy grave la crisis política abierta por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Marca un nivel crítico en la delicada situación que atraviesa el país. La recusación de dos de los miembros más prestigiosos, bajo el único argumento real de ser tenidos por conservadores, es una ruptura del consenso constitucional que politiza y por tanto contamina el Tribunal. La recusación planteada por la Abogacía del Estado, bajo órdenes jerárquicas del Gobierno, es incomprensible. Estando bajo el análisis del Tribunal Constitucional importantes decisiones legislativas del Gobierno, y siendo éste parte ¿cómo puede hacer una recusación, rompiendo así su obligada neutralidad ante el procedimiento? Los argumentos utilizados por la Abogacía del Estado para las recusaciones pueden, sin duda, ser jurídicamente válidos e incluso quién sabe si eficaces, pero producen sonrojo intelectual y moral.

La evidencia de que, al final del final, se trata de una sencilla contabilidad de votos supuestamente “progresistas” o supuestamente “conservadores”, es una bofetada a la ética pública, puesto que infiere que los magistrados no van a tomar su decisión en términos de Derecho, sino por afinidades políticas, lo que, además de inaceptable y un insulto a los propios magistrados, cuya ética se cuestiona, es muy grave, porque deteriora la confianza de los ciudadanos en la independencia de las instituciones

La recusación obliga a pensar que el Gobierno está dispuesto incluso a quebrar el equilibrio institucional en cualquier cosa que pueda obstaculizar la campaña electoral y el objetivo en las urnas. Parece que una mayoría del Tribunal Constitucional tiene serias objeciones a puntos importantes y sensibles del nuevo Estatut de Catalunya. Es un hecho que un recorte constitucional de nuevo Estatut debilitaría electoralmente al socialismo catalán. Es otro hecho que los analistas de Ferraz estiman muy peligroso, ante las generales, ese eventual debilitamiento en Catalunya.  

Es una vez más la irónica advertencia del Crispín de Benavente: “Entre todos hemos creado muchos intereses y el primer interés de todos es salvarnos”. Que el equilibrio institucional, la separación de poderes y todas esas zarandajas no se crucen en el atribulado camino de Rodríguez Zapatero hacia el segundo mandato. Pero el camino no puede pasar por torcer el brazo al sistema constitucional de equilibrios de las Instituciones, ni por judicializar la política, ni por politizar lo jurídico.

Es natural que, bajo estas condiciones, crezca y se extienda el escepticismo e incluso el “pasotismo” respecto a una vida política cuya calidad aparece tan ostensiblemente deteriorada. La crispación ocupa cada resquicio, desde las alturas del Tribunal Constitucional hasta el nivel de la calle. Ahí está, por ejemplo, otro frente innecesario abierto en el espacio de las víctimas del terrorismo con la investigación de un posible delito de injurias al Gobierno que habría cometido el polémico presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz.

Cierto que Alcaraz parece siempre más interesado por la política que por los fines que parecerían propios de cualquier asociación de víctimas del terrorismo, pero de ahí a presumir que su fijación contra Rodríguez Zapatero suponga un posible delito de “injurias al Gobierno”, como ha ordenado investigar la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra el criterio incluso de la fiscalía y del juez instructor, media un recorrido inquietante al menos para un valor mucho más sustancial incluso que la dignidad del Gobierno, que es la libertad de expresión.

Pero es que además sucede que, a poco que se lean los peculiares desahogos verbales y escritos del activo Alcaraz, es una evidencia que se dirigen a la persona concreta de Rodríguez Zapatero y no al Gobierno como institución. ¿Dónde está entonces el delito? ¿Es que ya no se va a poder criticar a la persona que ejerza la presidencia del Gobierno, como si además del poder, los votos le hubieran revestido de cualidades mágicas por encima del resto de los ciudadanos?

Rodeado siempre de guardaespaldas y con toda esa parafernalia de caravanas de coches de lujo, sirenas, helicópteros, etc. con la que se mueve por Madrid y que tanto parece gustarle, a diferencia por cierto de sus más discretos predecesores, es natural que cualquier crítica le parezca un mundo a Rodríguez Zapatero y quizá le espantaría oír las cosas que ciudadanos cada vez más indignados dicen de él en las calles y casi cualquier lugar público. ¿Va a dedicarse la Abogacía del Estado a perseguir por tierra, mar y aire a esos ciudadanos, como si fueran terroristas?

Con la popular frase de la divertida serie de televisión, “un poquito de por favor”, que el artículo 20 de la Constitución sigue ahí, como auténtica columna vertebral de nuestro sistema de libertades. La libertad de expresión es todavía más importante que Rodríguez Zapatero. Opinar, como muchos dicen, que Rodríguez Zapatero es un hombre que divide el país y a sus ciudadanos no sólo no es una injuria al Gobierno, sino la expresión del deseo legítimo de tener al frente del Gobierno a un político que sea un hombre bueno, alguien que una e integre, que sea veraz y creíble, coherente en el discurso, ambicioso en lo público y modesto en lo personal.

Pero también conviene recordar al ciudadano Alcaraz que, en tanto presida la AVT, debe centrar su atención en los problemas de las víctimas del terrorismo y no hacer política con el dolor de las víctimas y sus familiares. En la vida casi todo es cuestión de límites. Una cosa es alzar la voz contra la infamia que siempre ha sido y será cualquier negociación política con ETA, y otra distinta y distante decir que “Zapatero es el embajador de ETA (…) que habla, siente y padece como los propios terroristas”. Esta declaración no es una injuria al Gobierno, pero entiendo que el ciudadano Rodríguez Zapatero tendría motivos para sentirse injuriado y acudir a reclamar el amparo de los Tribunales.

El caso es que cuestiones tan importantes como la gravísima crisis en que el Gobierno ha sumido al Tribunal Constitucional, y otras de índole menor, pero muy desagradables, como la zafiedad de los vídeos de propaganda política, o la desmesura visceral de los sentimientos que enfrentan a personas y grupos ciudadanos, dibujan el telón de fondo de un pésimo escenario de la vida actual del país. Como no parece que haya voluntad de reconducir la situación, debemos temer que se llegue a las urnas generales de marzo con un país dividido, abocado a una decisión en que la razón se encuentre oscurecida por las emociones y en la que, por tanto, prime el voto “contra” el adversario, hecho enemigo, sobre el sensato voto no al amigo, sino al programa propio.