viernes 05 de octubre de 2012, 17:01h
Cuando la respuesta sincera a una pregunta
resulta muy desagradable la mejor táctica es intentar cambiar de asunto o
de pregunta. No digo que haya sido así, pero sí que no parece fruto de
la casualidad que en estos días que hemos conocido el último dato
(pésimo) del paro: 80.000 desempleados más en el mes de septiembre-camino
de los cinco millones y medio en el cómputo total-, resulta que de lo
que estamos hablando es si procede o no "modular" las condiciones en las
que el derecho de reunión permite a los ciudadanos manifestarse.
La invitación a reflexionar partió de la delegada del Gobierno en
Madrid, pero al trapo han entrado todos. Políticos, togados y
sindicalistas. La polémica reverbera, incluso, en el auto del juez
Santiago Pedraz que ha puesto en pie a una clase política a la que tilda
de "decadente". Con la etiqueta de "pijo ácrata" le ha devuelto la
pelota el diputado Hernando, del PP. Otros no han ido tan lejos en la
descalificación, pero a ninguno parece haber gustado ni las
consideraciones sociológicas (fuera de foco) del magistrado ni, menos
aún, que haya dejado sin sanción previsible a los detenidos en el
transcurso de los incidentes del 25 S.
Sobre la idea de "modular" las normas que regulan el derecho a
manifestarse también se han dejado oír voces de dueños de bares y
comerciantes que por tener sus negocios en el centro de la capital
denuncian que las manifestaciones -que aparejan cortes de calles y
restricciones de paso- perjudican sus negocios. Creo que son los únicos
que en este asunto no tienen otro interés más allá del que se explicitan
sus palabras. En el resto del coro de voces, a mi modo de ver, se
deslizan discursos que abren la puerta a la suspicacia. Abrir un debate
no sobre las causas que provocan manifestaciones sino sobre la
frecuencia e incomodidades que generan las protestas es, cuando menos,
curioso.
Por definición, toda manifestación es un acto pensado y
desarrollado para hacer ruido, para llamar la atención acerca de un
problema o de una imposición tenida por injusta. ¡Claro que
molestan! pero sin ese eco que se constituye en contrapeso de quienes
se sienten agraviados por determinadas decisiones del poder, nuestro
sistema perdería vigor democrático. Instalar ahora un debate acerca de
los inconvenientes que aparejan las manifestaciones parece una cortina
de humo para no hablar de la causa que está detrás de la mayor parte de
las protestas: los recortes de prestaciones servicios y el paro que no
deja de crecer. Por no hablar de la reforma laboral y del resto de
recetas para salir de la recesión que, por desgracia, no están dando
resultado.
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Comentarios
Últimos comentarios de los lectores (2)
14257 | Teseguite - 07/10/2012 @ 00:31:46 (GMT+1)
Yo estoy absolutamente en contra de la resolución del pijoprogregominoso juez Pedraz. Sus opiniones personales no deberían aparecer en sus autos ni en sus resoluciones. Como tampoco debería hacer mención el expediente disciplinario que se merece a su apariencia personal ni al peluquero que le presta sus servicios. La manifestación es un derecho. Pero nunca se debería aprobar una manifestación que tiene por objetivo el rodeo y la toma de la sede de la soberanía popular. Eso es un delito. Nuestra democracia será imperfecta pero es la única que tenemos. No podermos admitir que unos delincuentes quieran rodear y atacar la sede del poder legislativo. Eso no es cuestionable. Y sobre esas afirmaciones de progre redomado de que los recortes lo que buscan es quitar derechos son simple y llanamente estúpidas y demagógicas. España debe un dineral y nadie está dispuesto a prestarnos ese dinero para mantener nuestro nivel de bienestar. Ese es nuestro problema y el origen de nuestra decadencia. Lo demás es tontería.
14201 | Cotilleja Sinremedio - 05/10/2012 @ 20:41:00 (GMT+1)
Yo estoy completamente de acuerdo con la Resolución del juez Pedraza y, además, expuesta en los términos adecuados. Y digo 'adecuados', porque, de alguna manera, ratifica mi comentario que les envié el 30 de septiembre. y del que reproduzco entrecomillado el párrafo al que hago alusión:
"""Mucho tiempo pierden los jueces con este nimio asunto como cortina de humo para no indagar los indecentes motivos de corrupción política y Real e incluso policial, que producen el cabreo general, no sólo por parte de los detenidos el 25-S, acusados de atentado a la autoridad, (cuando existen pruebas evidentes de quiénes provocaron los altercados), sino por parte del conjunto de la sociedad, e intentar acusarles de delito contra las altas instituciones del Estado cuando ni han interferido en el funcionamiento de las Cortes durante el Pleno que se celebraba es INTOLERABLE por contrario a Derecho. SRES. JUECES (O SEÑORÍAS): LOS VERDADEROS CORRUPTOS ESTÁN EN LA CALLE. A ellos es a los que hay que procesar. ¡Ganénse el sueldo y déjense de chuladas!. (Sigue)... """
Sin embargo, que el Sr. Hernando le tildara de 'ácrata', creo que no ha lugar, no sólo por la falta de respeto a título personal, sino porque rechazar la legitimidad de cualquier imposición por la fuerza como la mostrada por la Policía AL DIFERIR DE SU ATESTADO LOS HECHOS REALMENTE PRODUCIDOS, no merecería dicho adjetivo.
Sin duda, el juez Pedraza ha resuelto con justicia y equidad. Desde aquí le felicito y también le digo que no se preocupe por lo de 'pijo'. Aquí por menos que canta un gallo, se tilda de 'pijo' (o de pija). Es increíble.
Independientemente, es evidente que el pedido efectuado por el Gobierno en diciembre de 2011 de bombas de humo y gases lacrimógenos por importe de 1500.000 euros (aproximadamente), superior al realizado en 2007, que ascendía a 143.750 euros, ya tiene su destino: las manifestaciones que consideren de carácter provocador. ¡Qué vergüenza!. Además, para eso sí hay dinero, ¿no?.
El problema es que los gobiernos (no sólo el actual), piensan que el dinero no es de nadie y lo malgastan como les sale del sombrajo, pero ya nos estamos hartando de tanta sinvergonzonería y personas sin escrúpulos.
Y tanta crispación, para colmo del cabreo, tienen su por qué y es, ni más ni menos, que los ajustes y reformas que hace el Gobierno no son para mejorar los servicios públicos, sino para liquidar derechos.
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