Jueces para la Democracia se declara en huelga
lunes 12 de noviembre de 2012, 11:24h
Jueces para la Democracia
apoya la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de
noviembre. Esta asociación judicial no se anda con chiquitas, y afirmar que
"se está produciendo un inaceptable desmantelamiento del Estado Social y
un ataque sin precedentes contra el sector público" y añaden sus
responsables que todo ello se está llevando a cabo con "intensos recortes
de las prestaciones sociales y de los servicios públicos más importantes para
la ciudadanía" y que "se están produciendo las mayores restricciones
en los derechos fundamentales de toda la etapa democrática".
Por si lo anterior fuera
poco, la cúpula de esta organización de jueces califica de "injusta y de
dudosa constitucionalidad" la reforma laboral, la cual ha provocado unos
niveles de desempleo de "enorme entidad", así como ha generado "una
situación de importantes desequilibrios en las relaciones laborales".
Así, 48 horas antes de la
huelga general, el Secretariado de los jueces más progresistas de toda la
judicatura analiza el escenario nacional, y pinta un país de absoluto caos por
la acción del Gobierno de derechas de Rajoy: "El resultado de dicha
gestión", dicen los jueces progresistas, "está siendo un aumento sin
precedentes de las desigualdades, con un incremento considerable de la
exclusión social". Además, añaden que los sacrificios que se exigen a la
mayoría de la población no se extienden a los sectores más privilegiados, pues
las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas "siguen
sin realizar las correspondientes aportaciones tributarias en términos
similares a otros países de nuestro entorno". Ellos, como jueces, deben
saberlo muy bien.
También dice que ese trato
de favor a banqueros, empresarios y otros "se completa con la aprobación
de una amnistía fiscal" y que todo ello "resulta contrario a los
principios de capacidad económica y de progresividad en la aportación a las
arcas públicas que se regula en nuestra Constitución, así como al principio de
redistribución de la renta".
Respecto a los recortes
de los servicios públicos en concreto, JpD sostiene que han dado como resultado
un país, España, que se encuentra con un sistema judicial en gran parte al
borde del colapso, con una de las tasas más bajas de jueces por habitante en el
ámbito europeo y con uno de los más elevados índices de litigiosidad. Y que en lugar
de solucionar estos problemas, el gobierno ha acordado una importante reducción
del presupuesto para 2013.
Para llamar a todos los
jueces a la huelga, JpD 'informa' a sus colegas que desde el Gobierno se
pretende prescindir de la mayor parte de la partida destinada a jueces
sustitutos, con la pretensión de que sean los jueces titulares quienes asuman
dicha carga de trabajo. Del mismo modo, la paralización de las inversiones en
Justicia imposibilitará el desarrollo de la nueva oficina judicial, al tiempo
que la implantación de las tasas judiciales creada por el aún ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "provocará graves desigualdades
procesales por razones económicas y permitirá que solo tengan acceso a la
justicia quienes puedan pagársela".
Finalmente, y ante la
negativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a regular los servicios
mínimos, dicen desde JdP que "los propios jueces asumiremos su
autorregulación".