Menores en conflicto

"Frente al millón de niños y adolescentes que hay en Madrid, los 360 que están cumpliendo medidas judiciales representan un porcentaje mínimo", dice Arturo Canalda, Defensor del Menor. De ellos, 165 lo hacen en régimen cerrado (es decir, internados en un centro); 6, en abierto (por lo general, libertad vigilada y prestaciones en beneficio de la comunidad) y 176 se encuentran en régimen semiabierto, que es una combinación de los dos anteriores. Trece más cumplen su medida en régimen terapéutico, nueve en programas específicos por consumo de drogas y otros cuatro reciben tratamiento de salud mental.

Las medidas que imponen los jueces  varían dependiendo del delito cometido por el menor y de sus circunstancias personales. Según Pilar García, psicóloga de la Fundación Diagrama, que gestiona los centros de Los Olivos y Los Robles, no existe una relación causal entre la falta de recursos de las familias de los menores  y la delincuencia juvenil.

"No se puede establecer un denominador común", explica García, "pero, por lo general, se trata de chicos que no tienen muy claras las normas y cuyos padres carecen de herramientas para controlarlos". "Siempre hay problemas detrás", coincide un portavoz de la Asociación Respuesta Social Siglo XXI, "ya sean económicos, sociales, familiares... Estamos hablando de adolescentes cuyas familias, en su mayoría, tienen problemas para establecer límites".

Esa ausencia de límites "se manifiesta en una baja tolerancia a la frustración", tal y como señalan Pablo Justo, Montserrat Domínguez y Manuel Córdoba, directores de los centros de menores gestionados por la Fundación Grupo Norte en Madrid. "Por lo general, a los menores infractores les cuesta controlar sus impulsos", añade Justo.

Solo el 11,18 por ciento de los menores infractores en régimen abierto tenía 14 años cuando les fueron aplicadas las medidas contempladas en la Ley del Menor. La edad de la mayoría oscilaba entre los 15 y los 17. "Son edades en las que los grupos de referencia son muy importantes", afirma Pilar García. Un entorno de absentismo escolar y consumo de estupefacientes aparece con cierta frecuencia en los diagnósticos de estos menores.

En cuanto a la nacionalidad de los adolescentes, la mayoría (41,93 por ciento) de los 1.028 que cumplieron medidas en régimen cerrado a lo largo de todo el año 2006 eran españoles. Los latinoamericanos representaron el 23,92 por ciento, seguidos de los magrebíes (22,18 por ciento) y los europeos no comunitarios (8,46 por ciento). En el caso de los extranjeros, como señala Magdalena Mayorga, de Ginso, "es frecuente que se trate de menores no acompañados o cuyos padres trabajan tantas horas que les resulta imposible controlarlos".

Em cuanto a quienes estuvieron en 2006 en régimen abierto, el porcentaje de españoles asciendió al 66,77 por ciento  del total de 2.276, aunque disminuyó desde 2003, año en el que representaban el 77,2 por ciento del total. Los menores de procedencia magrebí que cumplieron ese tipo de medidas descendieron en ese período del 13 al 10,93 por ciento. Por el contrario, los latinoamericanos pasaron del 6,46 al 14,66 por ciento en esos tres años.

  La ratio de sexos de los menores infractores también ha variado en los últimos años. Así, las chicas, que representaban en 2003 el 9 por ciento de los adolescentes en régimen abierto, pasaron en 2006 al 13 por ciento. Además, uno de cada cuatro menores que llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2006 era una mujer. Y, de los 1.028 menores que estuvieron internos ese año, 104 -el 11 por ciento- eran chicas.

La mayoría, por robo
Los profesionales del sector admiten que, aunque siempre se sabe cómo llegan los menores a los centros, lo difícil es conocer el porqué. Los delitos más comunes, recogidos en la Memoria de 2006 de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, son los daños, hurtos y robos con fuerza, intimidación o violencia.

  En concreto, el robo con violencia (23,41 por ciento) aparece como causa más común de la aplicación de medidas judiciales en régimen abierto a los menores. Le siguen el robo con fuerza (15,01), las lesiones (13,91) y el hurto (11,72). En el caso de los menores internados en centros, la mayoría fueron condenados por robo con violencia y/o intimidación (52,38 por ciento) y robo con fuerza (14,66). "Por lo general, no cometen grandes robos, ni atacan a personas mayores, sino que lo hacen para sufragar gastos que no se pueden permitir, como ropa de marca", explica Pilar García, de Fundación Diagrama.

Los menores condenados por los delitos más graves representan un porcentaje mucho más bajo: solo un 0,32 por ciento de los menores internos fueron autores de un asesinato y sólo el 1,31 por ciento habían cometido un homicidio. La cifra resulta algo mayor si atendemos al homicidio en grado de tentativa (2,63 por ciento) o a los abusos y/o agresiones sexuales (2,47 por ciento). Este último delito experimentó en 2006 un descenso respecto a 2005, período en el que cometieron este delito un 3,71 por ciento de los menores internados.

El maltrato y la violencia doméstica, por el contrario, es una causa cada vez más frecuente de internamiento de menores en la Comunidad de Madrid. Mientras que en 2004 fue la causa del 1,44 por ciento de ingresos en los centros madrileños, el porcentaje se ha ido incrementando en los últimos años, hasta alcanzar en 2006 el 7,9 por ciento. Manuel Córdoba, de Fundación Grupo Norte, explica que esta tendencia puede deberse a que el maltrato familiar "es un fenómeno relativamente nuevo y cada vez la sociedad está más concienciada. Por eso algunos padres maltratados por sus hijos están perdiendo el miedo a denunciarlos".