El pasado 10 de
Diciembre, fue el día internacional de los derechos humanos, tan aplaudidos
como olvidados. Reemplazados, arrinconados, vapuleados por las leyes del
mercado, tal vez por eso, convenga recordarlos.
Artículo 1
Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.
Pero en España, los grandes evasores
fiscales gozan de la protección del estado mientras se persigue con mano de
hierro a los humildes.
Artículo 2
Toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un
país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Pero la sanidad española segrega en
función de la nacionalidad (miles de inmigrantes sin cobertura médica) y da la
nacionalidad a cambio de dinero, (por comprar un inmueble de precio superior a
160.000 euros, te dan la nacionalidad) Violando los artículos 1 y 2 y muy especialmente el artículo 22
Artículo 22
Toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.
Pero la seguridad social se recorta
(copago de medicamentos, ambulancias, etc), se recorta la ayuda social a los
más débiles, (aquellos que la necesitan y que ahora poco a poco sufren la
merma) y se imponen tasas abrumadoras en educación, mientras se apuesta por la
bajada de salarios.
Artículo 23
- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.
En un país con un aproximadamente 25% de
paro no parece que haya muchas elecciones posibles, (salvo al parecer, la
emigración, como en tiempos pretéritos)
- Toda persona tiene derecho, sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual.
Pero las mujeres siguen cobrando menos
que los hombres por realizar el mismo trabajo.
- Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.
Pero la tasa de miseria no hace más que
aumentar en España, mientras se continúa diciendo que el problema son los
salarios. ¿Los salarios de quién? Valga el ejemplo de Telemadrid, donde se pretende despedir al
grueso de la plantilla mientras los directivos conservan sus cuantiosos
salarios intactos, eso por no mencionar a la banca y sus directivos.
Toda
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.
Pero la negociación colectiva sigue siendo poco menos que un oligopolio
en manos de dos únicos sindicatos.
Artículo 24
Toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
¿Y los autónomos? (sin derecho ni a vacaciones, ni a subsidio por
desempleo) por no hablar de las absurdas medidas lanzadas como globos sonda por
la Unión Europa
y otros organismos internacionales de incrementar la jornada laboral en países
como Grecia, donde uno de los problemas es precisamente la ausencia de trabajo.
Artículo 25
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.
En España miles de personas pierden sus
medios de subsistencia por causas independientes a su voluntad, sin percibir
nada a cambio. Hablo de los autónomos que se ven obligados a cerrar, de los
miles de familias que viven con miembros en paro sin ningún ingreso, de los casi 400.000 desahucios, y de todas
las personas que pierden su vivienda mientras el banco les sigue reclamando
además la deuda. ¿Dónde quedó el
artículo 25 en la praxis jurídica española?
Artículo 26
- Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
Frente al recorte de Becas, los estudios
Superiores en España han dejado de ser igual para todos, en función de los
méritos respectivos, y han empezado a ser iguales para todos, en función de su
capacidad económica para pagar las distintas tasas.
- La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
El desarrollo de la personalidad humana es arrinconado,
sustituyéndose y degradándose las humanidades a favor de los estudios técnicos.
Filosofía, historia, las artes y el mundo de la cultura en general, son
relegados a un plano casi marginal. Se
pretende fabricar técnicos cada vez mejores, y a ser posible, deshumanizados y
sin conciencia social.
Se elimina educación para la ciudadanía, (a los ojos de la moral católica, parece poco
adecuado aquello de enseñar en la escuela que pueda haber matrimonios del mismo
sexo) al tiempo que se potencia la enseñanza de religión (la tradicional
católica).
- Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Sin embargo CEAPA (Confederación española de asociaciones de
padres y madres de alumnos) ha hecho estos días un llamamiento a la
movilización contra las medidas impuestas por el ministerio de educación.
Y por último,
permítanme mentar el Artículo 7
Artículo 7
Todos
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Pero las tasas judiciales que pretende
imponer Gallardón discriminan el acceso a la justicia en función de la renta.
Pueden ustedes consultar la carta íntegra
de derechos humanos aquí.
Y echarse las manos a la cabeza después.