El precio de la corrupción

Hace un mes, el magistrado madrileño Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, decía que "tienen razón los que creen que hay mucha corrupción". Según el barómetro 2012 sobre la percepción de la corrupción en Cataluña "el 92,8 por 100 de los catalanes piensa que la corrupción es un problema bastante grave". Tras el escandaloso acuerdo en el caso Pallerols -jueces y fiscales por medio-, el reconocimiento explícito por parte de CiU de haberse financiado irregularmente -nadie devuelve 400.000 euros si no tiene nada que ver en el asunto-, el silencio culpable de Durán Lleida y la negativa de todos los implicados a asumir responsabilidades políticas, espero que el 7,2 por ciento, excluidos los corruptos, se hayan pasado al otro bando porque es una desvergüenza absoluta. "Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella" decía Joan Baez hace muchos años. Que la Justicia haya tardado 18 años en resolver este asunto -perdón, en no resolverlo, lo que permite que los culpables se vayan de rositas- es otro escándalo mayúsculo. También sin responsables.

Son doscientos o más los políticos implicados en caso de corrupción, pero hay muy pocos en la cárcel y algunos ya han sido indultados. Otros, implicados con sospechas más que fundadas de comportamientos delictivos, siguen aferrados a sus puestos. Cientos de consejeros de las viejas Cajas de Ahorro, muchos de los cuales saltaron allí desde la política, desde la patronal o desde los sindicatos, sin ningún mérito demostrado, sin experiencia y sin conocimientos, se lo han llevado crudo y ni siquiera responden de haber quebrado unas instituciones que parecían sólidas. "Nuestro gobierno se llama democracia porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos sino en muchos... por lo cual cada uno de nosotros tan obligado está a procurar el bien y honra de la ciudad como los otros". Lo dijo Pericles hace siglos pero algunos no lo estudiaron nunca. 

Hay miles de políticos y altos funcionarios en España y la inmensa mayoría cumple su trabajo con dedicación y con ética buscando el bien de todos, el bien común. Pero esos pocos -demasiados siempre- corruptos y corruptores de otros deberían tener dos sanciones básicas e inmediatas: la social y la judicial. Sin acuerdos, sin pactos, sin apaños, sin parches. Quienes gobiernan hoy este país deberían hacer que la escuela fuera el lugar donde los niños aprendieran que esta sociedad es de todos y que lo que es de todos es sagrado. Porque si no está en nuestras entrañas, si no forma parte de nuestros genes, no funciona. Sólo hay dos bandos, el de los corruptos y el de los éticos. Pero todos los que miran para otro lado, los que consienten, los que dicen que no va con ellos, los que se corrompen "solo un poquito" acaban, como decía Joan Báez, formando parte de la podredumbre. El coste social que producen la falta de transparencia, la no justicia  y la corrupción es inmenso.

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