¡Ni la Pantoja!

Los telediarios ya no son lo que eran en tiempos de los cancerberos sin miramientos a la hora de trabajar por los intereses de sus jefes, socialistas o populares, según la época. Ahora, afortunadamente, el tratamiento informativo de todos los temas escabrosos, que inundan el fango de la corrupción política, sigue pautas más plurales y profesionales, pero carecen, para añoranza de sus mentores políticos, de la falta de escrúpulos de legislaturas anteriores. Lo peor de todo es que nadie espera a una sentencia judicial para afirmar que tal o cual es un corrupto de tomo y lomo o de medio pelo; basta simplemente las imputaciones que pretenden en origen proporcionar más garantías de defensa al implicado para soportar una insolvente sentencia mediática y social pero con consecuencias humanas y profesionales inapelables.



El panorama de la presunta corrupción en España presenta amplios capítulos que afectan a casi todos los partidos políticos. Los mayores protagonistas, por orden de intervención que dicen los créditos de las películas, son el Partido Popular con su ex tesorero, Luis Bárcenas, repartiendo sobres muy comprometedores; Convergencia y Unió con la familia Pujol debatiéndose entre las cuentas en Suiza y las concesiones de la ITV; los socialistas con los eres de Andalucía pendientes... por no recordar los casos antiguos que la Justicia intenta dirimir, aunque suele llegar a destiempo y sin el efecto ejemplarizante que debería sembrar entre los que pudieran sufrir la tentación de corromperse. Hace falta una acción clara y convincente por parte de Mariano Rajoy como responsable del Partido Popular y como presidente del Gobierno que zanje definitivamente la peste de corruptelas que impregna asquerosamente el ambiente en España. Una investigación interna y una auditoría externa son bálsamos habituales que conducen al mismo callejón sin solucionar tajantemente el problema. Y en el PSOE, pasa lo mismo. Ni siquiera la petición del fiscal de tres años y medio de cárcel para Isabel Pantoja, más una multa de unos tres millones de euros se ha utilizado convenientemente para distraer la atención de una sociedad española descreída, hastiada y muy desafecta de su clase política que ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo para salir de la crisis, y, ni mucho menos, acabar con la corrupción.