Más de 12.800 firmas se oponen a la venta de montes públicos en Castilla-La Mancha

Los firmantes del escrito se definen como "ciudadanos interesados por la conservación de la naturaleza" y aseguran rechazar la "evidente intención de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de desafectar y excluir del Catálogo de Montes de Utilidad Pública para su posterior venta varios montes incluidos en el mencionado Catálogo"

Explican que la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, establece en su artículo 7 que los montes pertenecientes al dominio público forestal "son inalienables, imprescriptibles e inembargables" y que la exclusión de los montes públicos de dicho catálogo solo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines, o si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal. 

"Ninguno de los montes que se pretenden excluir del Catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos", aseguran.

En su petición recuerdan los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas que, aseguran, "fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas" ya que miles de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas sufriendo erosión y perdiendo su papel protector frente a las inundaciones. La biodiversidad, recreo, paisaje, sumideros de carbono y el resto de servicios ambientales que proporcionaban estos montes se perdieron para siempre. Las poblaciones rurales perdieron la posibilidad de seguir usando esos terrenos, provocándose graves tensiones sociales.

Los montes que se consiguieron salvar de la desamortización y se incluyeron en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo, explican, "la base de la conservación de la naturaleza de este país" y aseguran que son muchos los pueblos que llevan largo tiempo utilizando estos terrenos públicos de distintas formas (trabajos forestales, caza, pesca, ocio, iniciativas empresariales, recogida de frutos, leñas, hongos...).

Para esta iniciativa, los habitantes de los lugares afectados "apreciarán su venta a manos privadas como una merma importante de su calidad de vida y mostrarán sin duda su oposición a las ventas y, llegado el caso a los nuevos propietarios".

A través de la iniciativa que ya han firmado más de 12.800 personas se reitera su "total oposición ante cualquier intento de desafección, descatalogación y venta de este patrimonio común" y se apuesta por el fomento de su conservación y el mantenimiento de sus funciones económicas, ecológicas y sociales,  que permitan a todos disfrutar del medio ambiente.