Rajoy no aborda la lacra de la corrupción
viernes 22 de febrero de 2013, 11:12h
Finalizado
el debate llamado por cierta prensa como el de la Corrupción y no del
Estado de la Nación, queda para las propuestas de resolución de la
semana que viene lo que los partidos puedan proponer para abordar la
persecución de la corrupción cuya impunidad y forma de actuar tienen
fiel reflejo en el caso Bárcena. Mientras Rubalcaba dice que ellos por
haber sido condenados son especialmente sensibles, y sin embargo se
reparten los puestos del Tribunal de Cuentas, el PP mira para otro lado y
Rajoy puede ostentar el récord de no haber pronunciado una sola vez la
palabra maldita: Bárcenas.
Pero
es algo perentorio. Esta semana se lo pregunté a Montoro. Me salió por
peteneras porque el control político, cuando un partido tiene semejante
mayoría absoluta, aunque no social, es casi imposible. Publiqué su
respuesta.
Pero sigo insistiendo. Al Tribunal de Cuentas hay que cambiarlo de arriba abajo.
A
la corrupción privada hay que añadir la política o pública, que afecta a
aquellos políticos, gobernantes y administradores públicos que abusan
de su poder vendiendo bienes públicos por debajo de su valor o dando
concesiones administrativas por encima de su valor, para obtener una
ganancia privada o partidista.
El
índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional
(2012) clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre y de Botsuana
y por delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los países de la
Eurozona están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción
privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía, Guardia Civil
y también a la justicia, que siendo mayoritariamente eficiente, es
excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos prescriban antes de
llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos delincuentes
extranjeros a residir en España.
"Es
muy difícil asimismo que el Tribunal de Cuentas detecte cualquier tipo
de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra
la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su
destino". El organismo autónomo tiene como función la actividad
fiscalizadora de la actividad económica del sector público. Esta
institución revisa las cuentas de los partidos políticos y los procesos
electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la corrupción,
pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco práctico. "La
institución no está preparada para luchar contra la corrupción",
reconocen.
Es
un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento
como representantes de los partidos políticos mayoritarios, lo que
entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados
públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el
Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una
auditoría de carácter financiero. "Se ven las grandes partidas
presupuestarias pero no se llega al detalle", precisan fuentes de la
institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de
la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de España. Admiten
la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los
partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los
gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar. El
Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Ante tanta crítica algo se ha movido.
El
Tribunal de Cuentas tiene 800 empleados públicos para fiscalizar la
cuenta general del Estado, las de más de 8.000 Ayuntamientos, 17
autonomías, cientos de entidades públicas, y todos los partidos
políticos con representación parlamentaria. Para este último cometido
hasta ahora solo había siete personas, según fuentes del Tribunal. Pero
ese equipo se va a triplicar, hasta 22, para intentar cumplir el
complicado objetivo que se acaba de marcar el pleno: tener fiscalizadas
en julio las cuentas de los partidos correspondientes a los ejercicios
2011, 2010,2009 y 2008. Es decir, resolver en cinco meses el trabajo
acumulado de cuatro años. El último ejercicio fiscalizado es 2007.
Para
cumplir con esa meta empezarán a revisar las cuentas de los partidos
por el final, es decir, primero las de 2011, y después las de 2010, 2009
y 2008.
El
retraso del tribunal es mucho menor en la revisión de la Cuenta General
del Estado, las de los Ayuntamientos -que se digitalizaron hace solo
dos años- y las de los procesos electorales. En la práctica, los cinco
años de demora sobre la fiscalización de los partidos políticos impide
ejercer un verdadero control e imponer sanciones. En cualquier caso, tal
y como está concebido, el Tribunal de Cuentas funciona "como una
auditora" y se limita a examinar "la documentación que entregan los
partidos", pero no puede perseguir la corrupción, o, como explica un
miembro de la institución, "hacer registros y ordenar que se abra un
cajón". En definitiva, nada serio.
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Comentarios
Últimos comentarios de los lectores (1)
18353 | Cuquiña - 22/02/2013 @ 22:34:08 (GMT+1)
Lo del Tribunal de cuentas es una broma pesada, llevar cinco años de retraso, pero la corrupción es algo que a ver qué político se atreve a denunciar la de los demás, porque nadie puede tirar la primera piedra. Hay corrupciones peores que la económica, como es que los terroristas estén gobernando como si fueran personas decentes, y eso ocurre en el País Vasco. También es corrupción estar chupando de un organismo como el Senado, absolutamente inútil, a costa de los sufridos contribuyentes. Vd. vistiéndose como Maribel Verdú de Teresa de Calcuta no cuela.
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