Los ayuntamientos
democráticos cumplen años en un momento de incertidumbre sobre su
futuro. El 3 de abril de 1979, los españoles acudieron a unas elecciones
municipales para elegir alcaldes y concejales por primera vez después de una
larga etapa de ausencia de libertades. Desde entonces, han
desempeñado un papel clave en la consolidación democrática, en la creación de
espacios de convivencia pacífica, en la mejora de los servicios básicos y, por
qué no, también en la conquista de derechos.
Sin embargo, 34
años después, el papel de los ayuntamientos está en cuestión por una reforma de
la administración local, impulsada por el actual Gobierno del PP, que
amenaza a algunos de ellos incluso con
la desaparición y pone a todos bajo sospecha, señalándoles como causantes de la
crisis.
Una excusa que no
resiste el menor análisis, cuando sabemos por los datos que facilita el propio
Banco de España que la deuda de los ayuntamientos apenas representaba el 4% del
PIB al acabar el año 2012, frente casi un 18% de las comunidades autónomas y
más del 72% de la administración central. Eso, sin contar con que cerca del 18%
de la deuda total de las administraciones locales corresponde a un solo
Ayuntamiento, el de Madrid, como consecuencia de las obras faraónicas en las
que se enfrascó el anterior alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, ahora ministro del
mismo Gobierno que pretende culpabilizar a los pueblos más pequeños del
desajuste en las cuentas del Estado.
La realidad es
que la reforma de la administración local planteada por el Gobierno de Mariano
Rajoy no es más que eso, una excusa para maniatar a los ayuntamientos y, al
tiempo, pasar por encima de la voluntad libremente expresada por los vecinos en
una de las manifestaciones más puras de la democracia, como es la elección del
alcalde.
El Gobierno del
PP no quiere que los alcaldes piensen por sí mismos y defiendan a sus vecinos. No
quiere líderes locales.
Prefiere ayuntamientos vacíos de competencias, meras sucursales del resto de
administraciones, y prefiere alcaldes y concejales que se limiten a actuar como
meras correas de transmisión de otros centros de poder administrativo,
localizados a muchos kilómetros de distancia y con intereses a menudo bien distintos
a los de los ciudadanos de a pie. El PP no quiere alcaldes y alcaldesas, quiere
marionetas.
La cercanía a los
vecinos, la atención permanente a sus problemas y necesidades, grandes y
pequeñas, la voz que muchos de ellos no pueden alzar por sí mismos para
defender sus intereses, pasarían así a la historia. Esto es especialmente grave
en una provincia como Guadalajara, con cerca de 300 ayuntamientos, de los
cuales la mitad tienen menos de 100 habitantes, y ni siquiera una decena
superan los 5.000 habitantes, listón por debajo del cual la amenaza de
intervención es una posibilidad muy cierta con la reforma local que está sobre
la mesa.
De hecho, en una
provincia con estas características, es más necesaria que en cualquier otra la
figura del alcalde que se debe solo a sus vecinos. Lo acabamos de vivir de
manera palpable hace bien poco, cuando el Gobierno de María Dolores Cospedal ha
pretendido cerrar servicios de urgencias rurales.
Alcaldes de
municipios muy pequeños han estado a la altura de las circunstancias,
poniéndose al lado de sus vecinos, encabezando sus reivindicaciones y llegando
donde ha hecho falta en una lucha que ha concluido con una gran victoria de
David sobre Goliat, y que ha devuelto la tranquilidad a muchas personas que no
merecían el trato que les ha dado Cospedal.
En una ocasión
como esta, se ha visto bien claro dónde está cada cual. Dónde están los
alcaldes -al lado de los vecinos- y dónde están otros. Por ejemplo, la
presidenta de la Diputación, que se ha puesto directamente a las órdenes de
Cospedal. Seguramente por haber mantenido esta actitud, la reforma de la
administración local impulsada por el PP pretende agradecerle los servicios
prestados premiándola con más poder, en detrimento de los alcaldes y
alcaldesas, a quienes verdaderamente eligen los ciudadanos.
Por
eso, en un día como hoy, el PSOE de Guadalajara quiere agradecer a los
representantes locales su labor, especialmente en los municipios más pequeños,
y quiere reivindicar su papel para que tengan la posibilidad de seguir prestando
servicios de proximidad y defendiendo el bienestar, los derechos y las
libertades de sus vecinos.
Julio García Moreno
Secretario
de Política Municipal del PSOE de Guadalajara