Blindar la democracia

Europa anda preocupada por la salud de la democracia en varios países de la Unión -no sólo Italia, España o Grecia- y por el nacimiento de movimientos  extremistas, radicales, xenófobos, antidemocráticos en una palabra, que amparan  parte de sus reivindicaciones en el mal uso de la democracia, la falta de respuesta de los partidos tradicionales y la corrupción. El veneno puede estar dentro del sistema y éste no parece tener el antídoto para contrarrestar la infección.
En España, aunque todavía no han logrado consolidarse fuerzas políticas o sociales capaces de ser alternativa a los grandes partidos y al propio sistema democrático, sí hay atisbos de que puede suceder. El impulso puede venir no de las bases, no del creciente malestar ciudadano, esporádico, desorganizado y de palabra más que de obra, sino por la corrupción y la incapacidad de los legítimos representantes políticos de los ciudadanos para dar respuesta a los problemas. Partidos, sindicatos, organizaciones empresariales e instituciones clave como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el de Cuentas, el Defensor del Pueblo, etc., demuestran su incapacidad para ofrecer soluciones, negociar acuerdos y ejercer las responsabilidades que son imprescindibles para la gobernanza del país. Lo que es peor, en demasiadas ocasiones son un mal ejemplo para los ciudadanos y pierden su "auctoritas", su justificación ética y moral. 

Más aún, desde el Gobierno del Partido Popular, como antes se hizo desde gobiernos del PSOE, se está intentando limitar o eliminar derechos fundamentales de los ciudadanos -el acceso a la educación, la sanidad o la justicia- y laminar a la sociedad civil, a las instituciones privadas que representan una voz independiente de la sociedad para atribuirse toda la representación social. Como si una mayoría en unas elecciones, aunque sea absoluta, legitimara el ejercicio del poder sin control o límite alguno.

La seguridad jurídica está en riesgo por la corrupción y por la ineficiencia de la Justicia, pero también por la inseguridad que produce la mala calidad de nuestras leyes, hechas, en muchos casos, de espaldas a los agentes que las van a sufrir, sin los consensos imprescindibles que las hagan durar y ser eficaces, sin debate y sin aceptar ni una sola enmienda de otros partidos. También sufre la seguridad jurídica por la falta de transparencia y capacidad de dar respuesta a los problemas, porque el poder sigue estando cargado de privilegios, porque nadie se atreve a adelgazar el Estado y porque se está cargando todo el peso de la crisis sobre los más vulnerables.

La soberbia de los que ostentan el poder, su falta de comunicación con la calle, el no escuchar la voz de los ciudadanos pone en peligro su futuro como representación política y la calidad de la democracia. Ese es el riesgo máximo. Blindar la democracia exige demostrar que funciona y que sirve para resolver los problemas de todos, no para crearlos, para aumentarlos o para eternizarlos.