Participaciones preferentes y responsabilidad política

La mayoría de los ahorradores estafados lo que desean es recuperar su dinero, los ahorros de toda una vida, la necesidad merecida de hacer justicia. Los responsables técnicos y políticos, en cualquier caso, tendrán también que dar la cara.
 
Aquí ha fallado casi todo el mundo. Las participaciones preferentes es un instrumento financiero más o menos sofisticado que existía en España durante los años noventa y que servía para financiar a las empresas a través de compra de deuda perpetua a un tipo de interés relacionado con los beneficios de la sociedad.
De hecho estos títulos sólo se admitían en España si provenían del capital financiero de otras naciones, de los mercados internacionales. Por eso se utilizaban para operaciones de triangulación incluso en el blanqueo de capitales.

Aunque el proceso se había iniciado en 1998, ya en el siglo XXI, el Banco de España, presidido por Jaime Caruana a propuesta del gobierno de Aznar, cometió el error de introducir estos instrumentos en el mercado... interno. De esta manera, los residentes en España podían adquirir este tipo de valores.

En ese sentido colaboró la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidida por Juan Fernández-Armesto a propuesta del gobierno de Aznar, de tal manera que la propia CNMV elaboraba (obviamente) folletos para la comercialización de estos instrumentos.

El hecho más grave, el mayor despiste, la principal puerta por la que se inoculó el virus de las preferentes, fue la reforma legal emprendida por Rodrigo Rato quien introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la figura de las participaciones preferentes.

Así, Rodrigo Rato elaboró la Ley 19/2003, de 4 de julio, de tal forma que incluía una Disposición Adicional Segunda a la Ley 13/1985 que otorgaba carta de naturaleza a las preferentes en nuestro marco legal.

El Banco de España, presidido ya por Miguel Ángel Fernández Ordóñez propuesto por el gobierno socialista, permitió que se popularizase a los distintos ahorradores, que se distribuyera entre el gran público, tal como conté en un pasado artículo en otro medio el 25 de abril de 2013 intitulado "El turbio asunto de las participaciones preferentes".

Los economistas explicamos esta situación con la boca pequeña, pero es muy necesario que la gente sepa toda la verdad, sobre todo para que los próximos gestores no abran la puerta a la posibilidad de que entren estafadores.

El Consejo Ejecutivo de Cajamadrid, compuesto sólo por miembros a propuesta del Partido Popular, con el desconocimiento del Consejo de Administración, impulsó la contratación de preferentes al gran público cuya puerta abrió de forma legal el propio Rodrigo Rato.

El Consejo de Administración, distinto al Consejo Ejecutivo, desconocía que este instrumento financiero se estaba colando de forma tóxica en los hogares. Pero se estaba colando, sin lugar a dudas.

Los responsables penales o civiles son aquellos que engañaron. Los responsables son también los que dieron las órdenes, como en el caso de Cajamadrid el Consejo Ejecutivo. Pero existe también una cierta imprudencia en el Banco de España, desde Caruana hasta nuestros días, también en aquella CNMV y, sobre todo, en el ministerio de Rodrigo Rato, a la hora de abrir la puerta por cuya rendija entró la estafa.

Lo cierto y verdad es que Cajamadrid decidió colocar en 2008 este tipo de productos a ahorradores conservadores, decisión que corrigió dos años después. Demasiado tarde.   

@AntonioMiguelC