viernes 21 de junio de 2013, 16:12h
Sabido que reformar un Estado es tarea más compleja que crearlo, el
plan de ahorro, reformas y supresión de algunos organismos y empresas
públicas aprobado por el Gobierno, en principio, parece un paso dado en
la buena dirección. ¿Que esperábamos más?, Si. ¿Qué puestos a podar el
frondoso árbol de la Administración con sus ramificaciones autonómicas,
municipales, "diputacionales" y comarcales creíamos que era más tarea de
motosierra que de tijeras? Sí. Sí porque la ocasión era y sigue siendo
favorable al Gobierno para aplicar cirugía expeditiva visto que dispone
de casi todos los resortes de poder :Gobierno central, la mayoría de
las comunidades autónomas y el grueso de los ayuntamientos. Desde la
primera legislatura de Felipe González en la que el PSOE tenía 202
diputados, ningún presidente ha tenido tanto poder como el que tiene
Mariano Rajoy. Quiere decirse que sí quisiera podría acabar con las
diputaciones que se solapan con los ayuntamientos y podría, también,
reducir las competencias de las comunidades que duplican las del
Gobierno central.
Si no lo ha hecho, es porque en su carácter está el procurar no
crear más problemas de los que ya tenemos y, problemas traería, desde
luego, recortar poder a sus barones regionales y a sus alcaldes. Por
eso, la reforma habla de "recomendaciones" -para, por ejemplo, reducir
el número de parlamentarios autonómicos o de oficinas de defensores del
pueblo- y no de suprimir por decreto. Se esperaba más, porque la deuda
del Estado se acerca al 100 % del PIB y la gran sangría son las CCAA,
pero, a mi modo de ver, aunque solo sea para ahorrar los siete mil y
pico millones previstos, es un paso. Un paso dado en la buena dirección,
confiando en que sea el primero de un largo recorrido para racionalizar
la estructura, las dimensiones y el número de servidores del Estado.