viernes 28 de junio de 2013, 12:32h
El ministro de Hacienda está atrapado entre el azar y la
necesidad a la hora de explicar lo imposible, que no es sino el galimatías en
el que se ha envuelto por parte de la Agencia Tributaria y de los Colegios de
Notarios y Registradores la atribuida venta de 13 fincas o parcelas a la
Infanta Cristina de Borbón, dentro de las peticiones del juez Castro en el
"caso Noos".
Estoy seguro de que Cristóbal Montoro conoce desde 1970 -
fecha de su publicación- el libro de Jacques Monod, y que ha visto la película
de 2012 de Juan Antonio Bayona sobre el tsunami que arrasó en 2004 las costas
de Tailandia. Con el primero habrá encontrado en estos días las magníficas
aplicaciones que tiene la biología a la política, y que si las proteínas de los
seres vivos se mueven entre la teleonomía y la morfogénesis autónoma, las
actuaciones públicas del poder responden a los mismos o similares estímulos.
Con la segunda ha aceptado que por mucho que pueda parecer imposible, todo
aquello que es obra de una o varias personas es incontrolable en algún momento.
Las polémicas e insuficientes explicaciones sobre lo
ocurrido con las famosas fincas y el número del DNI de Cristina de Borbón y
Grecia dadas por cuatro "
instituciones" básicas en nuestro estado de derecho pero no por las
personas directamente implicadas en el caso, se han movido y lo siguen haciendo
entre la necesidad de dar una versión lo más coherente y verosímil a la
sociedad española, y la irrupción del azar como algo imprevisto a consecuencia
de las investigaciones del caso Noos. Es entre ambos principios desarrollados
por Monod hace más de 30 años donde hay que situar el título del film de
Bayona. Lo imposible: que cuatro notarios y cuatro registradores en provincias
y localidades distintas se equivocaran en el mismo DNI y que ello durante
varios años no fuera comprobado desde el Ministerio de Hacienda. A lo imposible
habría que añadirle lo de increíble, inasumible e innecesario si se parte de
que en un sumario que lleva meses y meses instruyendo, que afecta a un miembro
de la Casa Real y que es conocido por todos, no parece razonable que un
funcionario de Hacienda le diera a unas teclas,
salieran del ordenador 200 folios y sin más se mandaran al magistrado
que ha pedido esa información.
La atribución de responsabilidades sobre el llamado error
o errores se ha repartido, dividido, negado y aceptado dependiendo de cual de
las partes emitiese el comunicado oficial. El ministro ha negado en sede
parlamentaria que los hechos fueran producto de cualquier imaginación
calenturienta o conspiración política o económica. Y ha pedido varias veces
perdón, lo cual siempre es de agradecer cuando parte de un cargo público.
Cristóbal Montoro y su equipo se han encontrado con que
el azar al que ya se refería el griego Demócrito hace dos mil quinientos años
les ha llevado a la necesidad de una explicación pública en uno de los peores
momentos para la credibilidad de las instituciones, y que esa explicación solo
encuentra en el propio azar su razón de ser dado que lo que realmente es
imposible es la explicación posible de lo sucedido.
Hay un principio básico en las sociedades modernas hipercomunicadas y con reacciones
instantáneas en las redes sociales: la falta de información desemboca en el
rumor, la desinformación y la pérdida de credibilidad por parte de los
responsables de esos "agujeros negros", junto a una cada vez mayor
divergencia entre la autoridad delegada y el poder constituido. En este caso
entre los ciudadanos que votan y eligen y los elegidos que gobiernan ya sea desde
el Ejecutivo o desde la oposición, que desde ambos lados se ejerce esa función
en una sociedad plenamente democrática.