De hecho, Cospedal ha reconocido que tenía una mala relación con el extesorero del PP y que desde 2009 dicha relación es "inexistente", según aseguraron fuentes presentes en la declaración.
Según ha afirmado el abogado de ADADE José Mariano Benítez de Lugo al término de la declaración, que se ha prolongado durante casi dos horas y media, De Cospedal fue preguntada por la reunión de marzo de 2010 en Génova en la que estuvieron presentes Rajoy, Arenas, Bárcenas y su mujer, y en la que el primero se habría quejado de que la secretaria general intoxicaba sobre él a la prensa. Ella ha afirmado, según el letrado, que no tuvo noticia de ese encuentro.
No obstante, y según el abogado de la acusación ejercida en nombre de IU, Enrique Santiago, De Cospedal ha sido clara al señalar que en ningún momento participó en la negociación de las condiciones de salida del extesorero del PP aunque se enteró "posteriormente", si bien no ha concretado cómo, y entiende que se acordaron en el citado encuentro.
En términos generales, De Cospedal ha negado la existencia de contabilidad B en el partido y haber cobrado sobresueldos en negro y, en la linea de lo afirmado ayer por sus antecesores en el cargo, ha reconocido que el control de las donaciones corrrespondía en exclusiva a la Tesorería de la formación y que no existían protocolos ni mecanismos para verificar el cumplimiento de la ley.
Fuentes cercanas a la secretaria general han explicado que la dirigente popular explicó que la "gestión ordinaria de los ingresos y gastos" del Partido son "labores exclusivas del tesorero y gerente del partido" y en este sentido, precisó que dicha competencia, "según los estatutos del Partido Popular, no recae en la Secretaria General". Sobre este aspecto insistió en que la gestión diaria corresponde al tesorero y gerente, que son nombrados en los Congresos del Partido.
No obstante, según han señalado, las acusaciones al término de la declaración lo dicho por De Cospedal no sólo contraviene lo señalado en la Ley General Electoral y la Ley de Partidos Políticos, sino también los propios Estatutos del PP, cuyos artículos 35 y 42 establecen claramente, según esta parte, que la última competencia de control sobre las donaciones la ostenta la Secretaría General y el Comite Ejecutivo Nacional.
También ha sorprendido a las acusaciones, tal y como ha señalado el abogado de IU Enrique Santiago al término de la comparecencia, que De Cospedal haya manifestado que le "extrañaría" que tuviese que existir un registro de DNI de donantes del partido.
Sobre los ingresos en la cuenta del partido en el Banco de Vitoria , siempre menores de 60.000 euros (para no vulnerar la ley existente hasta 20079) y a nombre del PP, la secretaria ha afirmado que entendía que los ingresos se hacían así porque el dinero procedía de afiliados.
Además, y según las acusaciones, la actual secretaria general del PP, habría entrado en contradicción con sus antecesores en el cargo al negar taxativamente la existencia en el PP de una comisión de infraestructuras que asesoraría sobre las obras públicas a incorporar a los programas electorales. Francisco Álvarez-Cascos dijo ayer que conocía su existencia, al igual que otro de los imputados en el caso, el empresario y supuesto donante Antonio Vilela.
En un momento de su comparecencia, De Cospedal ha sido inquirida por el propio Ruz sobre el relato de Bárcenas acerca de una supuesta donación de 200.000 euros en 2007 al partido popular manchego, que ella presidía entonces, a cambio de la obtención de una contrata en el Ayuntamiento de Toledo.
Tras negar De Cospedal su participación en este asunto, el juez ha impedido a las partes seguir preguntando por el tema, por "prudencia procesal", tras alegar que existen personas relacionadas con estos hechos que son aforadas ante otros órganos judiciales. Se trataría del actual presidente de las cortes manchegas, Vicente Tirado, quien según Bárcenas fue uno de los que pactaron la comisión con el adjuditario que era Sacyr.
Otras cuestiones cuyo desarrollo ha sido vetado por el juez, según fuentes presentes en la declaración, han sido las relativas al finiquito obtenido por el que fuera gerente del partido entre 2009 y 2010 Cristóbal Páez.
Respecto a los sobresueldos que ella ha negado cobrar, se trataría según Barcenas de un pago realizado tras el inicio del caso Gürtel, momento en que el partido decidió liquidar la caja donde guardaba el dinero en efectivo procedente de los pagos realizados por distintos empresarios. Bárcenas señaló también en dicho interrogatorio que en la caja había depositados en 2009 más de 40.000 euros y que repartió la cantidad en dos partes, que dio a Rajoy y Cospedal.
El excedente de dinero sobrante tras el reparto fue adjudicado también al presidente del Gobierno. Agregó que en 2010 pagó otros 25.000 euros a cada uno de los dos dirigentes populares, en esta ocasión en efectivo. El dinero, según la versión de Bárcenas, fue entregado en mano en billetes de 500 euros introducidos en sobres marrones. Según esa versión, Cospedal habría recibido esta última cantidad en su despacho de Génova. Los 50.000 euros repartidos procedían de la devolución de un préstamo realizado al PP gallego.
No obstante, y según fuentes cercanas a la dirigente popular, Cospedal ha precisado, al ser preguntada por esos presuntos sobresueldos en negro, que desde finales de junio de 2008, fecha en la que es nombrada secretaria general del PP, no ha habido sobresueldos. "Yo nunca he cobrado sobresueldos", recalcó y añadió que "con anterioridad" a su nombramiento, no le consta que hayan existido. "Nunca lo he oído", apostilló.
