Arbitrariedad y competencia en la Universidad

Partidos y organizaciones educativas preparar su ofensiva contra la LOMCE del ministro Wert que se aprobará sin mayores problemas en el Parlamento, pero que no será la ley de consenso que necesita la educación española y que corre un serio riesgo de ser derogada si el PP no vuelve a lograr mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Y hoy por hoy, qué quieren que les diga... Por encima de lo que significa para el PP, que les preocupa a ellos, tendría como consecuencia otra contrarreforma que vuelva a poner patas arriba la educación española. Siempre pagan los mismos.

Entre tanto, se conocen datos que hablan de la arbitrariedad con que funcionan las Universidades españolas. Soy partidario de que sean realmente competitivas, especialmente en la calidad de sus programas y de sus profesores. Lo cierto es que sólo parece que lo son en precios, pero éstos se fijan no por criterios de calidad, de demanda o de coste real de la enseñanza sino por razones políticas, presupuestarias y hasta ideológicas. No hay, además, ningún estudio analítico que aclare el coste de cada grado académico o del profesorado y, así, el Ministerio, las comunidades autónomas y cada Universidad manejan los datos que les vienen en gana y sacan las conclusiones que les interesan. (Para que nadie se equivoque, aunque han subido las tasas, en algunos casos hasta un 60 por ciento, los universitarios sólo pagan entre un 15 y un 25 por ciento del coste real de la enseñanza que reciben. El resto lo financiamos todos los ciudadanos).

Los datos son muy llamativos. En Cataluña, una de las autonomías, junto con Madrid, donde más han subido las tasas universitarias, los alumnos pagan en función de su renta familiar, lo que, pese a ser mucho más justo, no sucede en las demás regiones. En otras, especialmente Galicia y Asturias, las tasas no han subido nada estos dos años. Estudiar Derecho en una Universidad pública gallega costará menos de 600 euros y hacerlo en una de Madrid, tres veces más. Estudiar Enfermería en Cataluña costará 2.371 euros -950 más que el curso 2011-2012-, 750 en Andalucía, 800 en Galicia, y casi 2.000 en Madrid. Esta comunidad, junto con la catalana, la valenciana y la de Castilla y León son las más caras y Galicia, Cantabria y Andalucía las más baratas.

¿Y cómo es posible esto? No es por la calidad, desde luego, que no va ligada al precio de las matrículas. Mientras nos elaboran uno a medida, los rankings internacionales no sitúan a ninguna Universidad española entre las 200 primeras del mundo. Así que aquí sólo juega la política y, también, la demagogia. Alumnos cuyos padres no tienen problemas económicos se benefician de tasas muy bajas que otros no pueden pagar, mientras el número de becas disminuye o los recursos públicos se aplican a otras cosas. Parece como si nos preocupara más el número de universitarios que la equidad real y la calidad de la enseñanza que reciben.