¿Quién dio la orden?

   Siete años y tres jueces después han sido necesarios para sentar en el banquillo a los acusados por el "chivatazo", uno de los episodios más Repugnantes que se han vivido en nuestro país a lo largo de la terrible historia de los terroristas de ETA. La justicia señala con su dedo Acusador a dos policías que, según la acusación, fueron los responsables de frustrar una operación en la que iban a ser detenidos los responsables del cobro del impuesto revolucionario.

   Los hechos que se juzgan ocurrieron el 4 de mayo de 2006 cuando, al parecer, el inspector de policía José María Ballesteros se desplazó al bar Faisán y le entregó un teléfono móvil a Joseba Elosúa, recaudador de ETA y dueño del establecimiento. Quien le llamaba era Enrique Pamies, entonces jefe superior de policía del País Vasco, quien le avisó de que las fuerzas de seguridad le estaban esperando para detenerle cuando cruzara la frontera hacia Francia con el dinero de la extorsión a empresarios. Este relato tiene credibilidad, en tanto hay múltiples pruebas que dan verosimilitud a que los hechos ocurrieron así y esos hechos significan, ni más ni menos, que hubo revelación de secretos y colaboración con banda armada, delitos por los que los policías pueden ser condenados hasta con 10 años de prisión.

   La pregunta es si es lógico que en el banquillo se sienten uniformados pero no se sienten políticos y surgen muchas incógnitas sobre si un mando policial por muy alto cargo que sea, puede perpetrar una infamia de esas características sin consultar a sus superiores jerárquicos y políticos.

   ¿Quién dio la orden y porque se da en ese momento? El porqué de ese momento está claro: ni más ni menos porque el gobierno de Zapatero estaba negociando con ETA y, según las actas incautadas a la propia banda, el ejecutivo se había comprometido paralizar las detenciones. Incluso el  propio Elosúa dijo que la policía frustró las detenciones para no "fastidiar el proceso". Se podrá decir que la palabras de los terroristas y sus colaboradores no valen nada y, es cierto, pero más allá de esto hay  muchos indicios de que no fue una decisión tomada a la ligera sino a muy alto nivel y meditada porque convenía políticamente.

   ¿Quién dio la orden? Es muy probable que la pregunta se quede sin respuesta, como lo es que ninguno de los responsables políticos del momento se vean implicados. Seguramente en la historia de esta infamia  no figurarán los nombres entonces secretario de Estado, Antonio Camacho,  ni del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba que, en honor a la verdad, hay que recordar que se acaban incorporar a esa responsabilidad, pero sobre ese departamento hay una gran sombra de sospecha. Es muy sospechoso que el gobierno socialista hiciera lo imposible por poner chinas a la investigación de un sumario que ha estado paralizado demasiado tiempo. Y la sospecha no solo es con los políticos sino también con los jueces. Como se ha recordado estos días, Grande Marlaska fue el impulsor del caso, Garzón lo frenó guardándolo en un  cajón -tal vez con algún oscuro propósito como hizo con los GAL- y Gómez Bermúdez boicoteó la investigación del juez Ruz. Precisamente ese tufo apestoso de una justicia puesta al servicio de la política del momento y plegada a los intereses partidistas es  lo que más escama.

   Si la pregunta de ¿quién dio la orden? se queda sin respuesta en el  caso Faisán, una vez más constataremos que estamos en una democracia, alicorta, poco madura, donde la separación de poderes es imperceptible y   con demasiadas concesiones a los poderosos por el hecho de serlo, aunque cometan delitos de grueso calibre como este.