Estas leyes contra la corrupción no son bastante

Conste que la aprobación por el Consejo de Ministros de una serie de medidas destinadas a combatir la corrupción política me parece un buen primer paso. Naturalmente, insuficiente, parcial y centrado únicamente en aspectos muy sectoriales; pero es, al fin, un buen inicio que se reformen las legislaciones Penal, de Enjuiciamiento Criminal, del Tribunal de Cuentas, de Contratos del sector Público y que se apruebe una ley orgánica de Control de la actividad económica de los partidos. Ya digo: este plantel de cuarenta medidas 'anticorrupción' es, ha de ser, el principio de un camino que tienda a regenerar toda la vida política española. Y ahí está la gran limitación: para regenerar la anquilosada, desgastada, política de nuestro país se precisa una batería de soluciones mucho más ambiciosa, que no se dirijan tan solo a controlar los dineros del representante público, regulando sus funciones y sus ingresos. Es más, mucho más, lo que se ha de hacer, porque es preciso, para asegurar esa transparencia que es la base de un sistema honrado, plantearse que los españoles deben ser gobernados de muy distinta manera.

Resulta imprescindible, así, reformar a fondo el funcionamiento de los partidos políticos, no solamente vigilando más y mejor sus aspectos contables, sino su propia reglamentación interna, tan oscurantista: la celebración de elecciones primarias debería ser obligatoria, lo mismo que la limitación del número de mandatos de determinados altos cargos y una tasación de sus comparecencias ante el Parlamento y ante los medios de comunicación. En este sentido, la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado resultaría muy conveniente para profundizar en el control del Ejecutivo por el Legislativo.

Y lo mismo sea dicho de la normativa electoral: el sistema de listas cerradas y bloqueadas favorece todo tipo de corruptelas, amiguismos, enchufes y castigos a los 'díscolos'. Y aún más: el funcionamiento de las instituciones hay que regularlo con mucha mayor precisión, desde la Casa del Rey -tras Don Juan Carlos, la Corona no volverá jamás a tener un funcionamiento como el que tuvo-hasta el Tribunal Constitucional o el Consejo del Poder Judicial. Los resquicios que se dejan ahora simplemente no sirven para los propósitos de moralización, ética y estética, que serían deseables.

Quiero decir que, cuando se habla de legislación contra la corrupción, hay que abrir un abanico mucho más amplio del que nos mostró este viernes el Consejo de Ministros. Regenerar un país significa desde suprimir o reformar en profundidad organismos públicos inoperantes hasta asegurarse de que los teléfonos de los gabinetes de comunicación ministeriales funcionan para responder con veracidad a las preguntas que se planteen a los inquilinos de esos despachos. Y todo eso, convendrá usted conmigo, está lejos de ser modélico; desde luego, no creo que mejore mucho tras las medidas -ya digo, positivas pero muy tímidas-- anunciadas por el Consejo de este viernes.