Madrid es una de las comunidades autónomas que todavía no han firmado el convenio de desarrollo de la Ley de Dependencia y, por tanto, aún no han percibido la asignación del Gobierno para la atención de los afectados.
Lleva casi un año en vigor, pero la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de las comunidades autónomas está resultando "un caos". Son palabras de la consejera de Asuntos Sociales, Gádor Ongil, que este martes compareció ante la prensa para explicar la situación de la ley en la región.
Madrid todavía no ha firmado el convenio que, según establece el texto de la ley, debe regular su cooperación con el Estado en materia de dependencia y en virtud del cual el Gobierno central transmitiría los 23 millones de euros asignados a esta Comunidad para tal fin.
Estos 23 millones forman parte de los 220 millones de euros que el Gobierno ha destinado en 2007 a atender a los dependientes de toda España. La distribución territorial se realizó teniendo en cuenta la estimación de grandes dependientes y el número de mayores y discapacitados que existen en cada territorio, además del nivel de renta de cada autonomía para compensar a aquellas con menor riqueza. El Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España estima que en Madrid existen alrededor de 23.400 dependientes, cifra que el Gobierno regional "da por buena". La consejera cree que "la mayoría estarán recibiendo prestaciones en un centro de atención a mayores o a personas con enfermedad mental", si bien no pudo precisar el número exacto de dependientes ya atendidos. "Es imposible saberlo", añadió.
Para Ongil, esos 23 millones de euros "serán bienvenidos, porque es el dinero que les corresponde a los madrileños y nosotros no vamos a privarles de lo que les corresponde". No obstante, la consejera considera que la cifra es "ridícula". "Ni siquiera cubrirían el coste del servicio de teleasistencia de la capital", añadió.
Sin embargo, y por el momento, el dinero, "por poco que sea", dijo Ongil, no llegará a los madrileños. Y el motivo, según la Comunidad, es que el Gobierno central quiere que la Comunidad firme con el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales "unos anexos al convenio que solo reconocen a los nuevos dependientes, y dejarían sin financiación a los que ya existen, por lo que, perjudica a los madrileños". dijo Ongil.
La consejera añadió que, en su opinión, estos anexos obligarían a que los nuevos dependientes "solo puedan ser atendidos en centros de nueva creación". "Es decir, que si una persona queda inválida y le reconocen la situación de gran dependiente, no puede ingresar en una residencia que ya esté funcionando", sostuvo.
Ongil sostiene que, según los anexos, no tendrían derecho a percibir ayudas aquellos dependientes que ya reciben prestaciones de los servicios sociales madrileños (137.139 entre beneficiados por la teleasistencia o residencia) e incluso quedarían excluidos los nuevos dependientes que fueran enviados a una plaza ubicada en infraestructuras antiguas. La actual "interpretación" de la Ley crearía así "ciudadanos de primera y segunda", ha denunciado.
La ley de Dependencia, sin embargo, no dice nada sobre que las prestaciones sólo sean para nuevos dependientes o sobre que éstos tengan que ir a centros de nueva creación.
Ongil arremetió también contra el "silencio" del Ejecutivo en relación con el copago de los servicios -lo que tendrá que aportar cada dependiente- y achacó esta falta de claridad a la proximidad de las elecciones generales. Sin embargo, el Consejo Territorial para la Aplicación de la Dependencia estableció el pasado 9 de mayo que en 2007 "las Comunidades Autónomas deberán aplicar por el momento el copago que utilizan actualmente en sus servicios sociales y que goza de un amplio consenso social".
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