Pobreza y fraude fiscal

Diferentes estudios destacan que en los últimos diez años las diferencias entre ricos y pobres en lugar  de disminuir, ha aumentado. No hablo de naciones iberoamericanas o de los nuevos países emergentes, donde esas diferencias son extraordinarias, sino de España donde pasa lo mismo. Y eso no se ha producido sólo durante los gobiernos del PP sino también cuando ha sido el socialismo el que ha tenido la responsabilidad de gobernar. Hoy, los pobres son más y más pobres que hace sólo unos años y los ricos son bastantes más y mucho más ricos. Basta con ver, de una parte, la lista de Forbes, donde sólo salen los que son escandalosamente ricos, y las cifras de Caritas donde aparecen los que no tienen para comer o donde vivir.  

En los años 2009 y 2010 el número de desempleados, que es casi siempre una primera condena a la miseria, creció en dos millones y, desde entonces, no hemos sido capaces de frenar la caída del empleo. Hay entre cinco y seis millones de personas que no tienen trabajo y las personas que viven bajo el umbral de la pobreza ya no son cerca de ocho millones sino casi nueve millones y medio, un 28 por ciento de la población total. Y eso sucede en la España desarrollada de 2013. Tres millones de personas viven con menos de 307 euros al mes. Un escándalo.

La desigualdad ni siquiera es igual en toda España. En Madrid y Cataluña es donde más ha avanzado en estos seis últimos años, pero no porque haya más pobres, que también, sino porque los más ricos se concentran en las dos ciudades. En Madrid y Barcelona se puede vivir de lujo o morirse de miseria como en ningún otro sitio. 

Y si se está creando una justicia desigual -los ricos no tienen problemas para acceder a ella, los pobres disponen del beneficio de justicia gratuita y la gran clase media tiene que pagar tasas para defender sus derechos o renunciar a ejercerlos- también lo es la contribución fiscal para sostener el país o, lo que es lo mismo, el comportamiento social ante el fraude. El 20 por ciento de los contribuyentes más ricos contribuyó con un 44 por ciento de los ingresos declarados en 2012, mientras que el 80 por ciento restante, aportó el 56 por ciento. Pero, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), los más ricos -las grandes fortunas y las grandes empresas- concentran el 71 por ciento del fraude, lo que supone una pérdida recaudatoria para el Estado de 42.000 millones. Sin duda es mucho más fácil perseguir de forma directa o indirecta al contribuyente -profesionales, asalariados, pymes, autónomos- que a las grandes fortunas, a los partidos o a los sindicatos. Los pobres no defraudan porque no tienen, los profesionales y los asalariados porque no pueden, pero Hacienda vigila más a los más indefensos. No es de extrañar que crezca la desigualdad.

[email protected]