La burbuja política

Hablar de burbujas inmobiliarias o financieras es una metáfora de uso frecuente en el periodismo de ocasión provocado por la crisis. El tropo evoca a una esfera flotante, ligera de contenido, que sube y crece hasta que estalla. Pero no es tan frecuente escribir sobre una burbuja política que, también, sube y crece. No me voy a atribuir la originalidad de la metáfora sino, por el contrario, confesar que la tomo de un reciente artículo del Catedrático Álvaro Rodríguez Bereijo que fue, nada menos, que presidente del Tribunal Constitucional de España. Esta burbuja es el colofón de la crisis que vive España y flota, en compañía de otras burbujas, entrechocando con ellas en el aire y, quizá, fundiéndose con ellas en un globo conjunto de causas y efectos estrechamente interrelacionados.

La burbuja política se infló con el soplo impreciso de la distinción entre "nacionalidades y regiones" que se coló en la Constitución, pero no como una aportación de la ciencia jurídica sino como una concesión semántica destinada a complacer la retórica nacionalista de algunos sin molestar a todos ni comprometerse a nada. Hay que decir que, en aras de un deseo de concordia, los padres constitucionales actuaron más como cronistas de sociedad dispuestos a utilizar el término más halagador para sus patrocinadores que como redactores rigurosos de una arquitectura de Estado.

La Constitución no especifica en qué consiste la distinción entre "nacionalidades y regiones" ni atribuye características jurídicas distintas a unas y a otras. Más bien da la impresión de usar un sinónimo o un libérrimo "llámese usted como más le guste". Hay quien opina que esta indefinición no fue una negligencia o un vacio sino una decisión consciente: dejar impreciso el término para evitar controversias. Pero el caso fue que todos los territorios autonómicos emprendieron con espíritu de emulación una carrera hacia la igualdad de competencias y, en consecuencia, nos encontramos con diecisiete fragmentos de Estado o Estaditos en potencia, provocando una inflación de cargos públicos, instalaciones mastodónticas, funcionarios y competencias gerenciadas administrativamente sin solera profesional y políticos locales de métodos caciquistas.

Esta burbuja política, además del coste derivado de sus funciones razonablemente descentralizadas, multiplicó empresas públicas, actividades de propaganda y de indoctrinación cultural, obstáculos a la unidad de mercado y cultivo afanoso del desprestigio de los poderes centrales y, en ciertos casos, un ambiente de disgregación contra la unidad del Estado de que forman parte, con cargo al presupuesto del propio Estado.

Solo a la mentalidad desnortada del actual partido socialista se le podía ocurrir, para resolver los problemas creados por una interpretación imprecisa de la Constitución hinchar la hipótesis de una nueva burbuja hinchada con los vapores de un hipotético Estado Federal, no demandado popularmente por nadie, ni por centralistas ni por separatistas, cuando la realidad es que ya estamos padeciendo una especie de federalismo de hecho, desorganizado y desbocado que, como mínimo, está pidiendo recortes de gastos y competencias y seriedad en el cumplimiento de las leyes comunes.

El problema constitucional que tiene planteado la España del siglo XXI no es aumentar las dosis de autogobierno de las "nacionalidades y regiones", rebautizándolas como "Estados Federales" y acompañando tal denominación no de menor autogobierno, como sucede en los auténticos Estados Federales existentes en Europa y América, sino de más factores sicológicos de diferenciación y dispersión para justificar el consenso de los caciques territoriales. El problema a resolver es, por el contrario, la reducción de despilfarros, caciquismos y nuevos centralismos en torno a las capitales regionales que limitan la autonomía municipal y contribuyen negativamente a agrandar la crisis económica y financiera que padecemos, desviando fondos hacia actividades superfluas con gravísimas consecuencias sociales.

El deseable programa de Estado en nuestros días es prevenir y corregir las amenazas de fragmentación que amenazan a la unidad nacional tan laboriosa y heroicamente conseguida a través de los siglos y tan liberalmente actualizada por el espíritu constitucional vigente, fruto de las virtudes de la reconciliación y el acuerdo de todos los segmentos de la política española y del refrendo popular más amplio y duradero de nuestra historia. Tener en cuenta "el todo por encima de las partes", como acostumbraba a decir el profesor y constitucionalista Francisco Tomás y Valiente.

Los nacionalismos degenerados en separatismos, tendentes a desembocar en concepciones anárquicas de derechos parciales, no se conformarán jamás con ninguna fórmula que los autolimite. Nunca se estabilizarán ni dentro de España ni fuera de España, porque llevan en su interior el signo del desprecio al principio de legalidad común. Sus reivindicaciones se exacerbarán cuanto más poder tengan para exaltar nuevos delirios con un falso espejismo de autoridad étnica y terminarán por fragmentarse en el interior de sus propias y caprichosas fronteras de andar por casa.

Frente a ellos solo vale el principio imprescindible de que, poniendo la ley del "todo por encima de las partes", siempre serán minorías dentro del conjunto político de una nación del siglo XXI que no puede retroceder a un mosaico feudal propio de la Edad Media. Pero la arquitectura sostenible del Estado constitucional de todos tiene que superar esa falta de presencia que se percibe en todos y cada uno de nuestros territorios, donde se cultiva una historia separada del tronco común y en vez de cultivarse vocaciones de hombres de Estado en los partidos políticos se crean aspirantes al enchufe local compatible con los intereses privados y las picarescas de vecindad.

La deriva centrífuga de la política aumenta la insostenibilidad económica y la falta de coordinación de las energías populares. Un cambio de orientación en nuestra cultura política se impone no solo como conveniente sino como estrictamente necesario. Hay que librarse de fetichismos federales y de exaltaciones nacionalistas y concretar el Estado autonómico constitucional articulándolo con más austeridad, precisión y armonía. De lo contrario, la burbuja política puede estallar creando más problemas que las otras burbujas económicas.

Es fácil entender el camino aconsejable. Lo que no está resultando tan fácil es encontrar personas con coraje capaces de proyectarse, como verdaderos líderes nacionales, que sean conscientes de que no se resolverá la crisis que aún padecemos sin desinflar, también, la burbuja política inflada con el aire viciado de un autonomismo mal definido.


[*] Gabriel Elorriaga Fernández ha sido, entre otras muchas cosas, diputado y senador por el Partido Popular