Maldita burocracia que amenaza vidas

Se llaman Rahimi, Muntaz, Shafi, Samé, Ibrahim... Así hasta 40 jóvenes de entre 20 y 25 años que se jugaron la vida cada día en Afganistán para ayudar y defender a los soldados españoles en misión de paz. Incluso vestían uniforme militar. Eran los oídos y la voz, los traductores, el nexo que unía a los soldados españoles a esa maltratada tierra, objeto de intereses geoestratégicos, políticos y económicos donde la vida no vale nada. Eran una pieza esencial. Cuando las Fuerzas Armadas Españolas abandonaron Afganistán, estos cuarenta jóvenes quedaron a la intemperie. Despedidos. Señalados por haber trabajado para tropas extranjeras, calificados de espías y de "vendidos", sin posibilidad de encontrar otro empleo porque se les consideraba colaboracionistas y, lo que es mucho peor, amenazados de muerte.

Con alguno se cumplió la terrible amenaza. Otros se escondieron o tuvieron que huir a otro país de forma clandestina. A más de uno los talibanes les exigieron un impuesto revolucionario de 20.000 dólares a cambio de su vida. Al que no pagó, le quemaron la casa familiar. Los que están todavía en Afganistán cambian de casa cada mes para no les encuentren. No siempre sirve: "te encontraremos y te mataremos como a un perro porque eres un infiel y un enemigo del Islam" fue el siguiente mensaje que recibieron. Alguno de los que huyeron a Grecia o Turquía, a la espera de una petición de asilo que tal vez no llegue nunca, están internados, en centros que son como cárceles, inhumanos, sometidos a un trato degradante.

Estados Unidos ofreció asilo, visado o refugio a 2.500 de esos traductores que estuvieron a su servicio; Alemania, a 180, incluidas sus familias; Reino Unido a unos 600; Noruega a 50... La petición de asilo o visado realizado a España por los 40 traductores afganos que sirvieron a nuestros soldados, todavía no ha tenido respuesta.

La periodista Mónica Bernabé, única corresponsal española en Afganistán, Premio Derechos Humanos de la Abogacía Española 2013 lo escribió y lo denunció públicamente y el Consejo General de la Abogacía Española acogió su ruego y pidió al Gobierno español celeridad en la respuesta porque hay grave riesgo para la vida de esas personas, como reconoce ACNUR. No hay respuesta porque el asunto está en estudio o los políticos a otra cosa.

Cuando a ese traductor afgano al servicio del Ejército español -que no sólo hizo su trabajo sino que ayudó a evacuar a un soldado español herido, poniendo en grave riesgo su vida- le llegue la respuesta del Gobierno español, si la hay, seguramente será demasiado tarde. Su visado en Turquía caduca el próximo 9 de marzo. Tendrá que huir a otro sitio y será un "ilegal", un fugitivo sin patria ni esperanza. Una vergüenza para un país "humanitario" y para todos sus ciudadanos. Maldita burocracia que no es capaz de reconocer los servicios y que pone en riesgo la vida de quien le ha servido con nobleza y honor.