La niña de Treviño

Alguien tiene que pagar por la muerte de Anna, la pequeña de tres años que, aquejada de varicela, no la atendieron ni cómo debían ni cuando debían.

Para sus padres nada reemplazará la vida de su hija pero al menos se les debe la reparación de que los culpables den cuenta ante la Justicia. Porque si nos atenemos al relato de los hechos es evidente que en el Hospital de Vitoria no supieron evaluar adecuadamente el estado en que estaba la niña, de lo contrario no la habrían enviado a casa. Y es igual de evidente que no resulta aceptable que cuando los padres reclamaron ayuda urgente la respuesta fue infumable, burocrática, a cuenta de ese reparto de competencias, ya saben, como el Condado de Treviño está en Burgos, la tenían que asistir desde un centro de la provincia, pese a que los hospitales vascos están a la vuelta de la esquina.

Desde hace años los vecinos del Condado de Treviño vienen pidiendo la incorporación de su tierra al País Vasco, no porque se sientan vascos, sino por una cuestión practica, por ejemplo en lo que a médicos y hospitales se refiere están más cerca los del País Vasco que los que les corresponden en su Comunidad, Castilla-León.

Resulta insoportable que por una cuestión de competencias alguien pueda morir. De manera que es urgente que la ministra de Sanidad se reúna con todos los consejeros de Sanidad para que quede claro de una vez por todas que todos los españoles, todos, no importan donde nazcan o donde vivan, tienen derecho a que el sistema de salud público les atienda independientemente de si son castellanos, vascos, riojanos o andaluces. Que no puede ser tolerable que cuando alguien llama a un servicio de urgencias le remitan al de su Comunidad Autónoma en vez de atender inmediatamente esa llamada y más tratándose de la vida de una niña de tres años que son los que tenía Anna.

La Fiscalía ha abierto una investigación y es de esperar que los responsables de que Anna no fuera atendida como necesitaba sean llevados ante la Justicia. Lo que no es de recibo es que los consejeros de Sanidad del País Vasco y de Castilla y León pretendan que no hay responsables en tan desgraciado asunto.

Los hay, claro que los hay. Para empezar una cosa es que las Comunidades tengan competencia en Sanidad y otra que sus servicios de sanidad actúen como si pertenecieran a Estados diferentes, de manera que se rompa el principio de la universalidad, y dependiendo de la Comunidad así se reciban unas prestaciones u otras, o se sea atendido o no si se procede de otra Comunidad.

Los padres de Anna han contado primero su estupor porque los médicos que atendieron a su hija la mandaran a casa sin darle la importancia debida a su mal estado provocado por la varicela. Luego su indignación por no ser atendidos por el servicio de urgencias de Vitoria cuando reclamaban que enviaran una ambulancia porque la niña estaba peor y que como toda respuesta les dijeran que les correspondía llamar a las urgencias castellano-leonesas. Finalmente cuando los padres angustiados llevaron personalmente a su hija al hospital alavés ya era demasiado tarde y Anna no pudo ganar la batalla por la vida a cuenta de la actitud negligente y burocrática de los responsables públicos de salud.

La muerte de Anna debería de servir al menos para que nunca más algo así se pueda repetir. Y hay que insistir en que los responsables, sean quienes sean, de esta tragedia sean llevados ante la Justicia. No puede salir gratis la vida de una niña de tres años.

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