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El debate y la transparencia

El debate y la transparencia

miércoles 11 de junio de 2014, 14:27h
Poco más de un 15 por ciento de los representantes del pueblo votaron en contra o se abstuvieron sobre la abdicación del Rey Juan Carlos. Es decir, el 85 por ciento de los representantes de los ciudadanos respaldaron la decisión del Rey y mostraron su compromiso con la Monarquía constitucional. Se acabó el debate ficticio -"ahora no toca", que diría Jordi Pujol- sobre la forma de gobierno. Queda el trámite de la proclamación de Felipe VI y hay que esperar que, al minuto siguiente, la Corona, los partidos y todos los que tienen algo que decir se pongan a trabajar, a ser posible unidos, para solucionar los problemas que de verdad preocupan a los españoles: el paro, la corrupción, la fiscalidad, la educación, la Justicia, la sanidad... El mensaje a los enredadores, que tendrán que esperar otro momento, podría ser el de la canción de Serrat: "niño, deja ya de joder con la pelota...". Hasta los de "Podemos" andan ya enredados con el reparto del poder. La casta es casta siempre.

El problema que no puede quedar tampoco sobre la mesa es el de la transparencia de la Administración, de los partidos o de los sindicatos. Un reciente informe de Transparencia Internacional España ponía sobre la mesa que la práctica totalidad de los partidos, con la excepción de UPyD y, en menor medida, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña son absolutamente opacos. Los 10 requisitos mínimos son simples: tener en la web las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios; la fecha en que las han remitido al Tribunal de Cuentas para su fiscalización; el último informe de este organismo; los presupuestos anuales de los dos últimos ejercicios con la correspondiente liquidación presupuestaria; los datos básicos de las entidades vinculadas al partido (fundaciones, asociaciones, etc.); el desglose orgánico y geográfico de gastos, ingresos y bienes patrimoniales; la declaración de la inexistencia en las listas electorales de procesados o investigados por corrupción; el detalle de los gastos electorales; la descripción del procedimiento de control y/o auditoría interna del partido; y un currículo de cinco líneas de cada uno de los candidatos incluidos en las listas electorales. 

No parece pedir demasiado a quienes quieren fiscalizar, o lo hacen, a todos los ciudadanos, pero ni el PSOE ni Ciudadanos (3 sobre 10), ni el PNV o UDC (2,5) ni Coalición Canaria (1,5) ni Convergencia (3,5) ni el PP o Equo (4,5) pasan el corte.

Contrasta esto con la transparencia de la Iglesia Católica que hace públicas sus cuentas con todo lujo de detalles. Qué se gasta, en qué y a cuántas personas llega su dinero. Sólo un 25 por ciento de su financiación procede del IRPF -y quienes marcan la "x" lo hacen con plena libertad y sabiendo lo que deciden- y la mayor parte procede de las aportaciones directas de los católicos. Habría que condicionar la ayuda estatal a partidos y sindicatos a su transparencia. Es decir, reducir los ingresos públicos a quienes ocultan cómo y en qué se lo gastan. Hay tarea.  

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