El cáncer del sistema

Contamos los días por pufos. Raro es el que vence sin alguna novedad en el tupido entramado de corrupción relacionado con la política. Ayer supimos que un fiscal pide 10 años de prisión para varios antiguos directivos de una empresa de la "Generalitat" de Cataluña como presuntos receptores de mordidas relacionadas con la adjudicación de obra pública. Según la acusación, las coimas no eran de un 3% (Pasqual Maragall dixit): alcanzaban el 20%. También sabemos que la Unión Europea acusa a la otra "Generalitat", la valenciana, de falsear durante años sus cuentas. Según Bruselas, el engaño habría consistido en el envío sistemático de datos manipulados. Como responsable subsidiario, el Estado podría tener que afrontar una multa de alrededor de 2.000 millones de euros. El presidente valenciano, Alberto Fabra, señala a Francisco Camps, su antecesor en el cargo, como eventual responsable del engaño. Luis Bárcenas exsenador popular y extesorero del PP reclama 950.000 euros al partido por despido improcedente. Niega haber cobrado "en diferido" como relató en su día con cantinflesco decir María Dolores de Cospedal tras anunciar que el exsenador había sido apartado de su puesto de tesorero tras ser imputado a raíz del escándalo del "caso Gürtel", el entramado montado por el empresario Correa tras el que un juez (Ruz) investiga la presunta financiación ilegal del PP. Mientras tanto, a resultas de la denegación por parte del Gobierno del indulto solicitado por Jaume Matas, se espera que en los próximos días el exministro del Gobierno Aznar y expresidente de Baleares ingrese en prisión para cumplir la condena de nueve meses que le fue impuesta por un delito de tráfico de influencias.


Es uno de varios sumarios con su nombre abiertos en los juzgados de Palma. Será el dirigente popular de más alto rango en verse en semejante trance. Desde que se instauró la democracia, sólo otro ministro, el socialista Jose Barrionuevo (caso Gal), ingresó en prisión. En Andalucía, el sindicato UGT tenía un "bote" a su disposición en las empresas implicadas en el caso de las facturas falsas. En una de esas empresas el "bote" ascendía a 345.000 euros. Este entramado junto con el fraude de los cursos de formación y los ERES falsos salpican a la Junta de Andalucía.


Los periódicos se han convertido en crónica de las andanzas de pillos y desaprensivos. Contamos los días por pufos y son tantos y tan seguidos que llevamos camino de resignarnos. Es triste, pero las proclamas de los políticos prometiendo combatir la corrupción, adolecen de credibilidad. A lo más que llegan es a señalar los  pecados ajenos, rara vez admiten los propios si no media una intervención judicial. Afortunadamente, todavía hay jueces en España. Sobre ellos recae el peso y la esperanza de regeneración de la vida política nacional antes de que sea demasiado tarde y el cáncer de la corrupción acabe con el sistema democrático.