En medio de los cuestionamientos al gobierno por la falta de una política antisubversiva, el presidente Alan García advirtió que unos 1,800 presos por terrorismo han recuperado su libertad en los últimos años, y sostuvo que muchos de ellos han vuelto a retomar el camino sedicioso. Por ello, anunció que hoy dará a conocer las identidades de estas personas y que se les aplicarán ciertas restricciones, las cuales serán precisadas por los ministros de Defensa y del Interior, Allan Wagner y Luis Alva Castro, durante su presentación en el Congreso.
"Voy a entregar al país la lista de los 1,800 terroristas para que todos sepan exactamente vecinos de quién son y qué cosa están haciendo cada uno de los liberados. No podemos caer en la candidez de decir que se han transformado absolutamente", señaló.
Durante la inspección de obras de agua potable en Ate - Vitarte, el jefe de Estado consideró que es necesario implantar una serie de restricciones a estos personajes liberados por el Poder Judicial, de tal forma que pueda controlarse las eventuales actividades sediciosas que podrían continuar cometiendo.
"Hay que someter a toda esta gente a restricciones porque no puede ser que salgan de las cárceles los acusados por terrorismo para estar agitando nuevamente las calles, para estar radicalizando protestas, para volver a crear generar núcleos semiterroristas o terroristas, tanto en la sierra como en algunas universidades", subrayó.
Aumenta la producción de drogas
De otro lado, el mandatario dijo que de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la producción de cocaína en el país en los últimos cinco años se ha incrementado de 150 a 280 toneladas, lo cual implica el aumento de la capacidad armada del narcotráfico y la alianza con el terrorismo para defenderse.
"Pero estoy seguro que con más presencia militar e inteligencia policial, podremos contener a esta gente, que debemos reprimir sin más contemplaciones que las señaladas por el marco legal", manifestó, tras recordar que siempre ha estado a favor de la pena máxima para los sentenciados por terrorismo, pese a que diversos juristas y parlamentarios se oponen a la aprobación de la pena de muerte.