Ciudadanos de uniforme

El próximo sábado tendrá lugar una concentración de militares frente al ministerio de Defensa, bajo el lema “Jorge Bravo: gracias”. La organización convocante es la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y, con este gesto, pretende facilitar que los asociados –y todas las personas que se sientan partidarias de la plena ciudadanía de nuestros militares– muestren públicamente su apoyo y solidaridad al presidente de la Asociación, quien saldrá en libertad, al día siguiente, después de cumplir, en apenas un año, su segundo arresto disciplinario. La concentración cuenta con la preceptiva autorización, a efectos de seguridad, de la Delegación del Gobierno en Madrid, y el propio Ejecutivo se ha dado por enterado al señalar la vicepresidenta De la Vega, aludiendo implícitamente al acto, que en España todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones en paz y en libertad.

Como se trata de la primera manifestación pública en Democracia protagonizada por militares en servicio activo, el acontecimiento está mereciendo cierto interés de los medios de comunicación, expectantes por conocer la afluencia con la que cuente el acto y calibrar así la extensión en las Fuerzas Armadas del incipiente movimiento asociacionista. De acuerdo con la nota de prensa de la asociación convocante, el propósito de la concentración es reconocer públicamente a su presidente, Jorge Bravo, “por anteponer los intereses de los demás a los de uno mismo, y por hacer de la lealtad, el compañerismo y la solidaridad, reglas esenciales de su comportamiento”; los militares asistirán a la concentración sin uniforme y sin ánimo de realizar ninguna protesta, sino dar testimonio de su existencia como colectivo asociado. AUME afronta esta convocatoria pública con relevantes apoyos sociales, habiéndole mostrado ya su respaldo Izquierda Unida, los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO), las asociaciones policiales principales (AUGC y SUP), y la Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL).  

AUME es una asociación reciente. Se constituyó en el año 2005, unos años después de que el Tribunal Constitucional (STC 219/2001, de 31 de octubre), resolviendo un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Asociación de Militares Españoles (AME), declarara el derecho de los militares a ejercer su derecho fundamental de asociación como cualesquiera otros ciudadanos, sin más limitaciones que las establecidas en la ley: prohibición de constituir sindicatos. En términos jurídicos, y sin pretensión de realizar aquí un análisis técnico sobre esta materia, es claro que la Constitución no establece ningún límite subjetivo al derecho de asociación. La limitación para los militares es legal y se refiere únicamente a los sindicatos, o a cualquier otra organización que, bajo nombre distinto, pretenda desarrollar una acción sindical. Las asociaciones militares son, por tanto, plenamente constitucionales y legales.

El legislador, sin necesidad de ninguna reforma constitucional, puede modificar en cualquier momento su criterio y autorizar los sindicatos de personal militar. También puede regular, y es lo que ha ocurrido recientemente en la Guardia Civil, los derechos y deberes de estos profesionales, reconociéndoles su derecho a constituir asociaciones para la defensa y promoción de sus legítimos intereses profesionales, económicos y sociales, con capacidad de interlocución con la Administración, aunque sin adoptar estructura sindical y sin emplear los medios característicos de la acción sindical: huelga, convenio y conflicto colectivo. Para salvaguardar el deber de neutralidad política, las asociaciones profesionales tampoco pueden tener vinculación o dependencia con partidos políticos. Este marco de relaciones, más que el sindical, es el que se ha impuesto en nuestro sistema político para la representación profesional de los funcionarios del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Por qué no en las Fuerzas Armadas?. El mismo modelo que sirve para la regular la profesión judicial, fiscal o policial, cuyo papel fundamental en la defensa del Estado de Derecho no es preciso ponderar aquí, es visto con recelo en el ámbito de los ejércitos. Venciendo injustificadas resistencias, la naturaleza de instituto militar no ha impedido finalmente reconocer a las asociaciones de la Guardia Civil, organizadas libremente por sus diferentes empleos –las mayoritarias son: la AUGC, para guardias, cabos y suboficiales; y la APGC, para oficiales–,  como instrumentos valiosos para la regulación del Cuerpo y para el bienestar de los miembros de la Benemérita. Ahora el límite se pretende situar en el personal militar, pendientes de una futura norma reguladora de sus derechos y libertades que debería incorporar plenamente la doctrina y práctica constitucional de todos estos años de democracia.

El modelo asociacionista profesional, incluida o no la acción sindical, regula el estatuto de los militares de numerosos países democráticos, sin que pueda afirmarse seriamente que el cumplimiento de sus misiones se ven afectados por esta cuestión. Los ámbitos de competencia están perfectamente delimitados: el Gobierno dirige la política de defensa, los mandos militares ejercen el mando de las unidades y las asociaciones se limitan a representar a sus asociados en asuntos sociales, de condiciones de trabajo y de carrera profesional, sin posibilidad de intervenir en las decisiones estratégicas, en el planeamiento de las operaciones o en el empleo de la fuerza militar. Ejércitos como los de Alemania, Holanda, Bélgica o Israel, en los que se desenvuelven desde hace muchos años potentes organizaciones de militares en activo, no parecen que sean menos eficientes que otros de países que prohíben, persiguen o restringen la actividad de representación colectiva de las asociaciones profesionales.
 
En una Democracia avanzada como la española, que incluso se ha mostrado ante la comunidad internacional ventajosamente adelantada en la extensión de derechos, que los militares reclamen el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, asociándose libremente para velar por sus intereses –superando la vieja fórmula paternalista de que el Estado vele por ellos–, lejos de sorprender a nadie, es una muestra de responsabilidad, de madurez democrática y de saludable inquietud por su profesión. El debate sobre el reconocimiento del asociacionismo militar, con todas sus consecuencias, debe superar la inercia de la situación actual –un escenario muy cómodo para la Administración, y sus responsables políticos y militares– para acercarse al mejor paradigma militar de un país democrático, consistente simplemente en tratar a sus militares como ciudadanos de uniforme.