El tribunal Penal de la provincia de Guiza ha confirmado la sentencia de
pena de muerte dictada contra el líder de la organización terrorista
Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, y otros 13 dirigentes del grupo
acusados de establecer la "sala de operaciones de Rabaa" para hacer
frente a las autoridades.
El tribunal, que ya dictó sentencia el pasado 16 de marzo, confirma la pena de morir en la horca después de que la resolución del caso hubiera pasado, como es preceptivo, por manos del muftí Shauqi Alam que debía ofrecer su parecer de acuerdo a la Sharia (ley islámica), y que en ningún caso es vinculante.
Entre los altos cargos de la agrupación, declarada terrorista por las autoridades, destacan Mohamed Gazlan, juzgado en rebeldía, Mustafa al Guneimi y Saad al Huseini.
Los sentenciados estaban acusados de dirigir operaciones para enfrentarse a las autoridades y para propagar el caos, después del sangriento desalojo de las acampadas de las plazas cairotas de Rabaa al Adauiya y Al Nahda en agosto de 2013.
Badía, así como otros dirigentes de los Hermanos Musulmanes, ha sido ya sentenciado a muerte en otras causas por instigar a la violencia y estar implicado en disturbios.
Los catorce citados forman parte de un total de 37 procesados en este caso, el resto de los cuales han sido condenados a cadena perpetua, es decir 25 años de prisión, según indicó la agencia estatal MENA.
Cientos de personas han sido sentenciadas a pena de muerte en el último año en Egipto en macrojuicios que las organizaciones de derechos humanos han criticado por no respetar los principios de un proceso justo y por la severidad de las penas, entre otros motivos.
Algunos de los casos más polémicos se dieron en la ciudad de Al Minia, al sur de El Cairo, donde en pocos meses fueron sentenciados a la pena capital cientos de islamistas, entre ellos Badía.
Hasta el pasado 7 de marzo ninguna de estas condenas había sido aplicada, pero ese día fue ejecutado en la horca un islamista sentenciado por asesinato durante las protestas por el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi en julio de 2013.
Desde el golpe militar contra Mursi, dirigente de los Hermanos Musulmanes, las autoridades han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de la cofradía, además de a activistas de todo signo político que han mostrado su desacuerdo con el nuevo sistema.
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