La investigación policial se remonta a unos hechos acaecidos el pasado verano, durante la campaña de recolección de ajos y cebollas, que supone la afluencia a esta provincia de un importante número de temporeros, en su mayoría inmigrantes extranjeros.
Un grupo de trabajadores rumanos comparecieron en dependencias policiales para denunciar que, a principios del verano de 2014, cuando se encontraban en su país, un integrante del grupo criminal encabezado por el ahora detenido, les había ofrecido trabajar en España en labores de recolección agrícola, con unas inicialmente correctas condiciones laborales que resultaron finalmente incumplidas, ya que una vez en España comprobaron cómo eran hacinados en una nave industrial de Balazote (Albacete), la misma que servía de almacén para los ajos previamente recolectados, junto a otras setenta personas más, durmiendo hombres, mujeres y menores en el suelo, alojamiento por el que tenían que abonar 80 euros al mes, además de descontarles otras cantidades por diversos conceptos: 50 euros por el transporte desde Rumania a España, 60 euros por tramitarles la obtención de un certificado de NIE, que finalmente les era retenido, 5 euros diarios por el transporte hasta el trabajo, más otras comisiones con argumentos diversos.
Los abusos anteriores se prolongaban al ámbito laboral, con jornadas de doce horas, que se intensificaban los fines de semana con horarios de 07:30 a 01:30 de la madrugada.
Los trabajadores no fueron dados de alta en la Seguridad Social, siendo falsificados los contratos de trabajo, y en cuanto a su salario, después de los descuentos ya mencionados, el escaso dinero que deberían percibir, eran obligados a entregarlo al detenido en el mismo acto de tratar cobrar el cheque nominativo en la entidad bancaria, para lo cual era acompañados hasta la sucursal bancaria por el detenido y otros compinches, que les amenazaban de muerte, de negarse a ello.
Los anteriores abusos se realizaban sin el conocimiento del empresario ya que el detenido, en su condición de encargado o jefe de cuadrilla, facilitaba a aquel, para su alta en la Seguridad Social, los contratos laborales falsificados, cuando realmente el trabajo era realizado por las víctimas, que finalmente eran despojadas de su salario.
Las investigaciones policiales, para las que se ha contado con la colaboración de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Sevilla, prosiguen para la identificación de otros integrantes del grupo criminal con responsabilidades en los hechos investigados.
De cara a la próxima temporada de recolección agrícola, que se prolonga durante los meses de verano, en muchos campos de nuestra provincia, el Cuerpo Nacional de Policía ha iniciado una campaña preventiva de control de asentamientos y viviendas ocupada por los temporeros, al objeto de prevenir casos de abusos laborales, alertando a las posibles víctimas mediante folletos redactados en sus propios idiomas de los derechos laborales que les corresponden, junto a los teléfonos policiales a los que dirigirse en caso de requerir ayuda.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial.
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