Seis personas se enfrentan a tres años totales de cárcel y multas superiores a los 40.000 euros --8.000 por cada uno--, que es lo que pide la Fiscalía, por ocupar este durante unas 24 horas, edificio para tratar de hacer llegar a la población la necesidad de abrirlo de nuevo al uso.
Este hecho conllevó que el Gobierno regional denunciara los hechos y el próximo 8 de octubre tendrá lugar el juicio en el que se enfrentan a las mencionadas penas por la acusación de usurpación y de daños.
Con esta manifestación, los convocantes han querido visibilizar "el problema" que hay en Guadalajara con este edificio y pedir la absolución de los encausados.
Según ha dicho uno de los encausados, Isaac Alcázar, la ocupación del Ateneo hace dos años tenía el propósito de hacer llega a la población que era un edificio abandonado que había que recuperarlo.
Cree que con esta iniciativa consiguieron el objetivo de que hoy "se habla de este edifico en Guadalajara", aludiendo a que en los programas políticos de todos los grupos figura su recuperación. Su propósito es que el uso y gestión del Ateneo, propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha pero de gestión municipal, se ceda a los movimientos sociales, y para ello vuelven a instar al actual Ejecutivo regional --ahora de gobierno socialista-- para que medie en ello y retire la denuncia que se presentó con el gobierno de María Dolores de Cospedal.
Por último, según Alcázar, dicha denuncia fue "una cuestión de persecución política al movimiento social" y cree que ahora, "la pelota está en el tejado del actual gobierno regional" al que le instan a que "recapacite y medie".