Jubilados

El cuentito es viejo, obviamente.

Dos jubilados en la cola del Banco para cobrar sus magros haberes. Uno de ellos, cansado de esperar e indignado por el monto que le toca, decide salir de la fila e ir a protestar al Ministerio de Economía. Al rato, regresa.-¿Qué te pasó, que volviste?- le pregunta su compañero de penurias.-¡La cola para insultar al Ministro era más larga que esta!- fue la respuesta.

Está claro que la cola para insultar al Ministro de Economía, o al Presidente, es mucho más chica que la que sugiere el chiste (les anticipé que era viejo). Pero tampoco es muy corta. Allí hacen fila los “licuados” y todavía no “ajustados”, como los jubilados que no cobran el mínimo, algún sector del empleo público y, posiblemente, los asalariados informales o fuera de convenios sindicales. También aparecerán aquellos cuyas rentabilidades han sido parcialmente expropiadas con los aumentos de las retenciones a la exportación, aunque en menor medida, dada la suba de los precios internacionales. También se sumarán a la fila los estafados tenedores de bonos ajustables por CER, los accionistas de las empresas privatizadas cuyos contratos siguen sin normalizarse, los expendedores de combustible, los frigoríficos, los tamberos, los bonistas que no entraron al canje, los embajadores de países varios acreedores de la Argentina , seguramente, algún que otro sector que me debo estar olvidando. Del otro lado, aplaudiendo y preparando la fiesta de “despedida y bienvenida” de los K estarán, sin duda, los asalariados formales, mayores beneficiarios del crecimiento del empleo y el salario. Los sustitutos de importaciones. Los comerciantes. Los hoteleros, Los propietarios de restaurantes, peluquerías, colegios privados, centros de compra, supermercados. Los que recibimos los subsidios al transporte, y a la energía. Sumados a todos los vinculados, directa o indirectamente, con la extraordinaria rentabilidad de los productores de exportables agrícolas.

Esta semana, en un fallo controvertido, la Corte Suprema decidió “sacar de la cola” de los “enojados”, en rigor de verdad sólo a uno de ellos, a los jubilados que cobran más de la mínima y cuyos ingresos cayeron en términos reales en los últimos años. Y digo un fallo controvertido porque, si bien la Corte reconoce su ignorancia respecto de que tipo de ajuste es más razonable aplicar para este tipo de haberes, ordena que ese ajuste sea el Índice de Variación Salarial que calcula el INDEC.

Y ordena también al Congreso y al Ejecutivo solucionar, mediante un procedimiento general y estable este problema (Dicho sea de paso y en una “venganza” infantil, la Presidenta le recordó a la sociedad que los mismos jueces que se preocupan por el haber de los jubilados, no pagan el impuesto a las ganancias por una acordada de esta misma Corte Suprema del año pasado, que ratificó fallos anteriores).

A primera vista, el índice de ajuste elegido suena razonable. Si las jubilaciones que paga el Estado son parte de un sistema de reparto que distribuye entre los jubilados los aportes que realizan los trabajadores y empleadores de hoy y estos aportes evolucionan proporcionalmente al salario, lo lógico es ajustar el reparto a la evolución de los salarios. Pero esto sería así, si el 100% de las Jubilaciones del Estado se “fondearan” en los aportes mencionados. La realidad es que estos aportes apenas cubren en un año récord como el actual 45-50% de los gastos del ANSES. Dicho en criollo básico ¡el ANSES tiene un déficit del 50% de las jubilaciones que paga!

¿Pero cómo, no dicen que tiene superávit y que incluso le presta a 28 años al Estado Nacional para que haga frente a sus propios compromisos? Se preguntará usted, amable lector, con justa razón. Efectivamente, tiene superávit porque ese “bache” de los aportes, hace años que se cubre con el 15% de los ingresos impositivos que deberían ir a la Coparticipación Federal. Con la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales. Con parte del Impuesto a los Combustibles. Y algún otro impuesto que ahora no recuerdo. Dicho de otra manera, como los aportes no alcanzaban, lentamente le fuimos pasando al ANSES recursos de otras fuentes. Claro, como la economía está creciendo fuerte y la inflación es alta, la recaudación impositiva se incrementa a un ritmo superior al 30% anual. De manera que, ahora, al ANSES “le sobran” fondos. Pero le sobran fondos que no le pertenecen al sistema. De manera que cuando la Corte decide aumentar una jubilación en función de la evolución del Índice de Salarios, sólo el 50%-para redondear- de los fondos del ANSES se vinculan con esa evolución, el resto depende de otros fondos y otras evoluciones.

Y esto es lo más grave de esta historia, porque de tanto mentirnos en los números, del ANSES, del INDEC, del escrutinio electoral, etc, etc, ya hemos perdido perspectiva respecto de cuál es la verdad y cuál es la mentira y se toman decisiones, se arrogan representatividades, o se dictan fallos, en función de esas mentiras.

La Argentina ya no tiene, en la jubilación estatal, un sistema de reparto. Tiene un sistema de reparto parcial, complementando con rentas generales. Es decir con impuestos que se detraen de otros destinos para cubrir los “agujeros” del ANSES. En ese contexto, cuando el ciclo económico es favorable, y la recaudación impositiva crece hay recursos. Cuando el ciclo es negativo y la recaudación impositiva cae o no crece, el aumento de los recursos se frena, ¡pero el gasto no se ajusta!.

De manera que todo el sistema presupuestario de las jubilaciones estatales implica superávits en los períodos de bonanza y déficits en los períodos de caída del producto. En realidad eso pasa con todo el presupuesto nacional en su parte salarial y jubilatoria. Lo que sucede es que, en el nivel federal, el gasto más importante es el del pago de jubilaciones y pensiones. Claro, una parte del problema se intentó resolver con la Reforma Provisional original. Que pretendía asociar el grueso de las jubilaciones a los ahorros de los trabajadores e ir reduciendo lentamente los recursos públicos, hasta concentrarlos, exclusivamente, en los sectores de menores ingresos y menor capacidad de ahorro.

El sistema de reparto está condenado, por la demografía, y los favorables cambios en las expectativas de vida de la población, a absorber cada vez más recursos de otras fuentes. Recursos que no pueden destinarse a educación, tecnología, infraestructura, etc.

Pero lo paradójico de esta historia es que en Enero de este año, cuando ya estaba vigente la orden de la Corte Suprema de agosto del año pasado para que se “solucionara” el problema de las jubilaciones licuadas, los honorables miembros del Congreso de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo, en un debate que duró apenas dos semanas, sancionaron una contrarreforma provisional, que no solo no contempló lo planteado por la Corte, sino que, mejorando algo los ingresos actuales, agravó para adelante el problema del sistema de reparto, ya empeorado con una generosa moratoria que amplió en más de un millón cuatrocientas mil personas a los beneficiarios del régimen. Si ahora, además, se inventa un esquema de “ajuste automático” de las jubilaciones, independiente de la evolución de la totalidad de los recursos, en poco tiempo se volverá a reunir el Congreso, a instancias del Poder Ejecutivo, para votar una recontracontrareforma provisional.

Dicho sea de paso, el problema del “ajuste automático” de la seguridad social es global.

Si se me permite una digresión que viene a cuento, en la década del 90, enfrentado a un problema similar, el gobierno del presidente Clinton decidió, para bajar el ajuste automático de las jubilaciones norteamericanas (el pago estatal de dichas jubilaciones equivale a dos veces y media del PBI argentino)…cambiar la forma de medir el IPC!.

Efectivamente, inventaron el ahora “famoso” en la Argentina, Índice de Productos Sustitutos que lo que contempla es que cuando sube el precio de algún producto, la gente no lo consume, sino que busca un sustituto más barato, y ese es el precio que se debe computar. Con este cambio “metodológico”, el Gobierno de Estados Unidos se “ahorra”, dicen los que saben, más de 150.000 millones de dólares año en su presupuesto. Obviamente, la Reserva Federal, no toma en cuenta este índice para decidir su política antiinflacionario. Y no lo toma en cuenta porque uno de los inventores de este índice trucho fue…Alan Greenspan.

Como reza el viejo dicho “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”.
Vuelvo entonces a la Argentina.

En su declaración a Página 12 del domingo pasado la Presidenta Electa manifestó que no tiene previsto, ni en estudio, una reforma impositiva.
Sin embargo, el caso de las jubilaciones, como el de otros rubros, exige un replanteo global del sistema ingreso gasto de la Argentina que no admite nuevos parches. Otra digresión. La Ley de Financiamiento Educativo establece que el gasto en educación debe ser de, por lo menos, 5% del PBI. EL año en que el PBI baje, por cuestiones cíclicas, ¿Qué hacemos, les bajamos el sueldo a los maestros?
Vuelvo, nuevamente.

El sistema presupuestario argentino se ha convertido en una gran mentira que solo soluciona el fuerte crecimiento económico, por un lado, o una gran inflación que permite, al menos por un tiempo, licuar a los perceptores de gasto menos combativos, o que menos pueden generar problemas en la actividad económica, por el otro. “O ambas asimetrías a la vez”.

Me parece, humildemente, que va siendo hora de buscar simetrías más permanentes y estables, con reformas profundas y sustentables, con fondos anticíclicos en serio, con debates abiertos y participativos y con menos mentiras y estafas.