El Gobierno regional rechaza el desalojo de El Cavero

En un comunicado, el Ejecutivo regional considera que esta situación "se podría haber evitado si hubiera existido una verdadera voluntad política por parte del Gobierno central" y quiere dejar claro que ha sido la "única" administración que en los últimos cuatro meses ha ofrecido soluciones concretas para evitar este desalojo Durante este tiempo, el delegado de la Junta en Toledo ha realizado diversas gestiones con la Tesorería General de la Seguridad, propietaria del terreno, y el juzgado, con el objetivo de ampliar en varias ocasiones el plazo del lanzamiento de estas familias y poder adquirir la parcela en la que se ubican.

Desde la paralización del primer lanzamiento, el pasado 29 de julio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado trabajando en un Plan Social de Acompañamiento, desarrollado por la Asociación Socioeducativa 'Llere', a las familias de este asentamiento, que además de ayudarles en un proceso de realojo, también contempla medidas para favorecer su inclusión social.

Dicho plan, dotado con 35.000 euros por el Gobierno regional, contemplaba un protocolo de actuación conjuntamente con los servicios sociales del Ayuntamiento de Olías, cuyo alcalde, recuerdan, se ha negado a firmar a pesar de haberse comprometido a ello en la reunión que mantuvo con la Dirección General de Acción Social el 4 de agosto de 2015.

Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha manifestó a través de la Delegación de la Junta en Toledo y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, su deseo de adquirir la parcela en la que se ubica dicho asentamiento poniendo como única condición que el desalojo no se llevara a cabo durante el tiempo que duraran las negociaciones.

Ante la negativa de la Tesorería General de la Seguridad Social de paralizar el lanzamiento, el Gobierno de Emiliano García-Page ha acordado conceder una Ayuda Extraordinaria de Emergencia Social por cada unidad familiar para garantizar al menos seis meses de alquiler de una vivienda y que también pueden destinarse a manutención, garantizando así unas condiciones dignas a estas familias, sobre todo a personas mayores y niños.

El Gobierno regional ha criticado que la "intransigencia y la falta de sensibilidad" mostrada por el Gobierno de España hayan "dado al traste" con un plan social diseñado por técnicos de la Consejería de Bienestar Social y una entidad especializada en inclusión social como es la asociación socio-educativa 'Llere'.

Al mismo tiempo, ha lamentado que "el alcalde de Olías del Rey no haya querido colaborar en ganar tiempo para llevar a cabo el plan social, viéndose obligado como es su responsabilidad, en el último momento, a buscar un verdadero parche en forma de tiendas de campaña, que dada la climatología ofrece a las familias una salida poco digna a su situación y mucho menos normalizadora, lejos de los objetivos de inclusión que la Administración regional trabaja".

Ángel Benito Pérez, el abogado de las 47 familias que residen en el asentamiento de 'El Cavero' en la localidad toledana de Olías del Rey, cree que la solución puesta en marcha por el Gobierno regional --que va a dar 1.800 euros de ayuda a cada familia-- es un "parche" que no resuelve el problema de estas personas, "que mañana, cuando se lleve a cabo el desalojo, no van a tener un techo para cobijarse".

El abogado Pérez ha señalado que hace 15 días los representantes de las familias fueron convocados por el Gobierno regional que les explicó que la vía de facilitarles una vivienda social era "imposible" y se les instó a tramitar la solicitud de ayuda social con carácter de urgencia.

Tras asegurar no saber si el ingreso de 1.800 euros --medida que el Gobierno regional ha dado a conocer este miércoles, un día antes de que se vaya a producir el desalojo-- va a ser automático este jueves, el abogado ha indicado que percibirán 300 euros mensuales durante un periodo de seis meses.

"Para mi esta solución es un parche, porque desde que se paralizó el lanzamiento el pasado 29 de julio ha habido tiempo para adoptar medidas, pero hasta que no se ha visto las orejas al lobo no se ha actuado", ha criticado. "Esto ha sido como un partido de tenis, uno tirando la pelota al otro", ha manifestado el representante legal de los habitantes de El Cavero, que ha criticado el cruce de declaraciones que ha enfrentado estos días al Gobierno regional y a los representantes del Ejecutivo central.

En esta línea, ha dicho que la intención del Gobierno regional de adquirir el edificio donde se ubica esta asentamiento a la Tesorería de la Seguridad Social, actual propietaria, "no ha sido real", pues este proceso hubiese llevado un tiempo y además lo tendría que haber tramitado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, como responsable de la Tesorería.

Es por ello que considera que las administraciones podrían haber optado por otra vía, como por ejemplo, renegociar con los bancos algún tipo de alquiler social para estas familias.