Las siete reivindicaciones de Castilla-La Mancha para el nuevo modelo de financiación autonómica

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, asegura que es una de las preocupaciones del Gobierno de Emiliano García-Page, que plantea siete reivindicaciones que desde Castilla-La Mancha se harán en el marco de la negociación.

De entrada, Castilla-La Mancha planteará que el nuevo sistema de financiación autonómica respete el principio de suficiencia, es decir, que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos económicos suficientes para financiar las competencias que tienen asumidas, entre las que se encuentran los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios públicos.

Asimismo, desde Castilla-La Mancha se reclamará que este modelo cumpla con los principios de equidad horizontal y equidad vertical. La primera permitirá reducir las diferencias entre las Comunidades Autónomas que más recursos tienen y las que menos y la segunda servirá para que el volumen total de recursos se reparta entre los tres niveles de la administración, nacional, autonómica y local, en función de las competencias que ejercen.

En el reparto entre los diferentes niveles de la administración, Ruiz Molina también explica al esfuerzo que se hace en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, ya que, criticó, mientras que las Comunidades Autónomas tienen que reducir el 50% el déficit para 2016, el Estado lo ha de hacer en el 25%.

Asimismo, el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page abogará porque el nuevo modelo tenga en cuenta la inelasticidad del gasto de las competencias que financian las Comunidades Autónomas frente a la elasticidad de los ingresos que reciben, ya que en épocas de crisis los ciudadanos siguen enfermando y los niños yendo al colegio mientras que los ingresos tributarios caen de forma brutal.

Por otra parte, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se denunciará la limitada capacidad tributaria de las autonomías, dado que prácticamente no existen hechos imponibles susceptibles de ser gravados por las Comunidades Autónomas.

Igualmente, el nuevo modelo debe ser dinámico, es decir, se debe actualizar año a año en función de la situación económica, puesto que el actual se basa en previsiones que no se hacen definitivas hasta dos años después.

Por último, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas cree que debe ser un modelo sencillo y transparente para que permita la planificación de los recursos por parte de las Comunidades Autónomas.