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La Junta trabaja en una Ley Industrial para favorecer la implantación de empresas en Castilla-La Mancha
(Foto: EP)

La Junta trabaja en una Ley Industrial para favorecer la implantación de empresas en Castilla-La Mancha

domingo 15 de noviembre de 2015, 11:27h
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ya se encuentra trabajando de la mano de los agentes sociales y con otras áreas del Gobierno en lo que será la futura Ley del Sector Industrial de Castilla-La Mancha, una norma que pretende favorecer la implantación de empresas en la Comunidad Autónoma y reducir el tiempo medio de creación de sociedades desde los catorce días actuales a siete.
Así lo ha avanzado en una entrevista la consejera del ramo, Patricia Franco, quien ha lamentado que con el marco actual las empresas tienen "muchas dificultades" para iniciar su actividad, y la intención del Gobierno con esta medida es "agilizar los trámites" para su instalación.
Según ha dicho, todos estos extremos estarán consensuados a través de las mesas de trabajo que nacieron con el Pacto para la Recuperación suscrito por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, con empresarios y sindicatos.
Fruto de este trabajo, ha anunciado que el primer borrador de este anteproyecto de ley podría estar listo en el primer trimestre de 2016 y empezar así su trámite parlamentario para su debate y aprobación en las Cortes a mitad de año. Sobre el plazo medio de instalación de empresas, ha explicado que hay varios estudios que revelan que cuesta emprender una actividad empresarial en la región cerca de 14 días, "cifra muy lejana a la media española y mucho más de la media europea".
Por ello, el objetivo sería que las nuevas sociedades puedan empezar a funcionar en una semana, aunque en todo caso "también hay herramientos que permiten que estén listas en 48 horas, y eso sería lo suyo".
LA LEY DE CÁMARAS, LISTA EN EL PRIMER SEMESTRE
Patricia Franco también ha hecho referencia a la nueva ley de Cámaras de Comercio, una medida que pese a que tuvo un anteproyecto de ley aprobado por el anterior Gobierno que no llegó a arrancar su trámite parlamentario "se tuvo que volver a iniciar porque no servía". Tras "empezar de cero", ya se han mantenido reuniones con las distintas Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha y con las federaciones de empresarios para arrancar el nuevo proyecto. De este modo, la intención es llegar a un "consenso" con las partes implicadas, y tras unos seis meses de trámites parlamentarios poder aprobarla cerca de la mitad de 2016. La norma "tendrá que ir en sintonía con la ley nacional" que regula a estos organismos, y en ella "tendrá cabida todas las iniciativas en el ámbito del impulso económico". Las competencias que abordarán las Cámaras se centrarán en dos ejes, como son la competitividad empresarial y la ayuda a la internacionalización, y ahora toca a estas entidades "reinventarse" para poder financierase. "Son una buena herramienta para cualquier administración, ya que es un canal para llegar a toda la red empresarial de una región como esta", ha dicho Franco, que ha admitido que en todo caso la nueva ley "no será muy innovadora".
SE APOSTARÁ POR LAS RENOVABLES
En otro orden de cosas, Patricia Franco ha apuntado que desde la Comunidad Autónoma se va a impulsar "fuertemente" el sector de las energías renovables, ya que a su juicio hay que aprovechar todos los recursos de este tipo con los que cuenta la región.
"Tenemos determinados puntos de la región con buen comportamiento en energía eólica e hidráulica. Hay que hacer un mayor empuje para favorecer la implantación de empresas de este ámbito", señalado. Para ello, es partidaria de "no volver a los tiempos anteriores" donde toda esta actividad estaba muy subvencionada. "Hemos pasado del todo a la nada. No se puede volver a lo de antes, pero sí quedarnos en un punto intermedio".
En su opinión, la Comunidad Autónoma tiene "mucho potencial" en este sentido, "y hay que apostar por ello, porque las políticas europeas están marcadas por el peso que tendrán las renovables en el futuro modelo energético".
En materia energética, ha enfatizado además en que desde el Gobierno estatal se quiere facilitar la implantación de plantas menores de 50 megawatios, algo para lo que sí tiene competencia la Administración regional.
BONO SOCIAL PARA PAGAR LA ENERGÍA A LOS DESFAVORECIDOS
Siguiendo con este tema, Patricia Franco ha señalado que desde el Gobierno regional ya se han puesto en contacto con las empresas distribuidoras de energía de la comunidad para conveniar con ellas que antes de que una familia en situación desfavorecida vea cómo le cortan la luz por no poder pagarla, "haya una notificación" para que la Junta pueda hacerse cargo de esa factura.
Esta tramitación del llamado Bono Social, que se realizará a través de la Consejería de Bienestar Social, ya está avanzando con la intención de que, sobre todo en invierno, ninguna familia sin recursos tenga que renunciar a la luz.
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