Las ayudas, a las que pueden acogerse los 52 ayuntamientos inscritos en el Registro Oficial de la Dirección General de Consumo, financiarán los gastos corrientes y de capital necesarios para el funcionamiento de los servicios que se dedican a la defensa y protección de los consumidores en el ámbito local.
Se trata de gastos como arrendamiento de los locales y sedes de las oficinas de información al consumidor, contratación de personal específico, firma de convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, adquisición de programas informáticos y material fungible de oficina, actividades formativo-informativas dirigidas a los consumidores, entre otros.
Para conceder las ayudas, la Comunidad valorará el número de competencias en consumo asumidas por la entidad solicitante, el número de habitantes y la antigüedad del servicio de consumo local. Las entidades interesadas en estas subvenciones deben presentar una memoria explicativa y presupuesto detallado de los gastos para los que solicitan la ayuda, además del impreso de solicitud.
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