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La patata caliente

lunes 25 de enero de 2016, 09:51h
Sea cual sea la solución del problema político que presenta la formación de un nuevo gobierno, una vez que las elecciones han planteado un auténtico “sudoku” parlamentario, la patata caliente que quemará las manos de los gobernantes se llamará Cataluña. No porque los propósitos secesionistas de tres partidos con distintos modelos de sociedad se obstinen en desafiar al Estado sin contar con la mayoría del pueblo catalán, sino porque este desafío abre el debate clave de toda comunidad nacional: el derecho a decidir de los habitantes de una parte de su territorio frente al derecho a convivir en igualdad de derechos de los ciudadanos de la nación.

Como todos los problemas políticos, este no tiene una solución absoluta. En tal caso no se trataría de problemas políticos sino de problemas aritméticos, de esos problemas escolares que traen un cuaderno separado de soluciones para el maestro. En estos temas de derecho político, como en el derecho penal, la razón tiene que imponerse por la fuerza sobre los impulsos destructivos contra la unidad constitucional de un pueblo y de un sistema. Pero es inevitable que algunos, sean pocos o muchos, se consideren oprimidos por el escalón superior de decisión colectiva, aunque este escalón esté construido sobre bases democráticas y esté abierto a las reformas y a la opinión de todos.

El derecho a decidir en exclusiva sobre sí mismos de los habitantes de un Estado o de una federación no es distinto del derecho a decidir de una región en relación con un Estado, ni de una provincia en relación con una región, ni de una municipalidad en relación con una provincia, ni de un barrio en relación con un municipio. En España hemos tenido y tenemos ejemplos de sentimientos de segregación en todos los niveles. Al final estos asuntos siempre se resuelven en favor del más racional, más numeroso y más fuerte poder integrador que se presenta como mejor acomodado a la convivencia internacional contemporánea.

El reto planteado por unos partidos minoritarios, temporalmente asociados en torno al único objetivo común de la separación y sin proyecto de futuro compartido, no tiene otra gravedad que la de que hay que contar con su existencia y convivir con ella, sabiendo que nunca existirá una situación paradisíaca en que las tendencias centrífugas desaparezcan del mapa. Siempre quedará alguna voluntad insatisfecha que, por respetuoso que sea el poder integrador con las identidades integradas, por fáciles que sean los equilibrios entre razas y culturas, entre centro y periferia o entre espacios ricos y pobres, no se mantenga algún punto de desequilibrio, alguna injusticia distributiva o algún complejo de superioridad o de inferioridad. Pero estas complicadas tensiones tienen que afrontarse con decisión política, no porque, en nuestro caso, hayan tenido mayor relieve o actualidad en Cataluña, sino porque el principio explosivo que mina todo sistema político reside en ese derecho a decidir por el hecho de vivir dentro de cierto espacio geográfico y es como dinamita capaz de inflamarse por simpatía y hacer volar por los aires cualquier arquitectura política.

Por ello al haberse jugado casi paralelamente los cambios del espectro electoral en el conjunto de España y en el escenario peculiar de Cataluña, es imprescindible que quienes aspiran a gobernarnos a todos tengan la honradez de explicarnos cuales son las directrices básicas con las que van a hacer frente al problema de Cataluña, que no solo es de Cataluña, porque Cataluña forma parte de una Nación constitucionalmente indisoluble en la que la aplicación del derecho a decidir significa la destrucción de España como nación histórica y como miembro de la Unión europea, de la Organización de Naciones Unidas y de los sistemas de economía y de seguridad del mundo occidental.

Es cierto que esta patata caliente podría haberse enfriado antes. Ocasiones ha tenido el Gobierno de Rajoy de haberlo hecho, cuando una farsa de referéndum, cuando se incumplieron sentencias del Tribunal Constitucional, cuando se posesionaron de sus cargos unas personas públicas sin cumplir los compromisos exigibles por promesa o juramento, etcétera etcétera. Quienes han permitido, teniendo la fuerza democrática de una mayoría absoluta, la aplicación de los recursos del Estado a mantener medios de comunicación o de enseñanza dedicados preferentemente a favorecer el distanciamiento y el odio hacia la unidad de una nación generosamente descentralizada, tienen unas responsabilidades que pesan y pesarán sobre sus espaldas. Pero, con eso y con todo, nada es igual a la situación de quienes pretenden hacerse con el timón del Estado sin definirse ante el pueblo español con claridad. No se puede hablar de federalismo, ni de reformas constitucionales, ni de diálogos mientras se intercambian senadores como si fueran cromos, se trazan espacios territoriales entre los diputados de un mismo grupo “podemita” y se hace caso omiso de las líneas rojas que dibujaron los órganos colectivos del PSOE, contentándose con sumar teóricamente cifras en favor de un candidato sin votos capaces de garantizar un gobierno estable carente de la mínima fortaleza para hacer frente con eficacia a los intentos de desarticulación de España como potencia estratégica del mundo libre. No es de recibo apoyarse en minorías separatistas o antisistema sin explicar con qué concesiones o promesas se han obtenido votos favorables y qué compromisos orales o escritos se han contraído en las negociaciones entre un candidato y los grupos que puedan condicionar la conducta futura de un Gobierno. Una componenda edificada en la oscuridad y la doblez deslegitima, desde su inicio, a una hipótesis de gobierno débil que se intenta establecer contra la gran mayoría de los electores que votaron preferentemente a fuerzas constitucionalistas y no a una mezcla de factores contradictorios comprometidos con posiciones parciales y contrapuestas a los intereses generales del pueblo español. Coger con guantes la patata caliente para no quemarse es suplantar, con la aparente legalidad de los números, la legítima voluntad mayoritaria de los españoles que se han manifestado conformes con el orden constitucional y la integridad de su nación. Aunque se intenten ajustes de votos de investidura con multipartitos y partitos, bipartitos o solitarios flotando sobre abstenciones, quien quiera que gobierne tendrá que decir antes con claridad cuál es su receta para Cataluña. Lo merecen y lo exigen los españoles todos, incluidos los catalanes.

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