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Derecho a destruir

martes 16 de febrero de 2016, 10:46h
Tras la desconsiderada exhibición del documento de gobierno de Podemos a todo el público, antes de cambiar impresiones con la parte negociadora principal, es decir el PSOE, los señores Sánchez Castejón e Iglesias Turrión se han quedado como dos gallos dentro del círculo de pelea más que como dos futuros socios. El espectáculo hace pensar que, en tanto no sea posible una gran coalición constitucionalista, es un alivio que se prolongue un gobierno en funciones varios meses.

Las condiciones inasumibles y humillantes a que somete Iglesias a Sánchez son una afrenta a la dignidad de todo el partido socialista y no debieran permitir iniciar negociaciones si se cumplen las normas establecidas por el comité federal del PSOE. Solo si Sánchez está decidido a traicionar a su partido y a España puede aceptar una presidencia ornamental con un supervicepresidente político con unas competencias que solo pueden corresponder a una persona de la máxima confianza del presidente y no a una posición política alternativa.

El cambio, deseable en toda situación política desgastada por el tiempo, ha pasado a ser temible como cambio hacia algo mucho peor de lo existente. Los inocentes electores que ejercieron su derecho a votar según su saber y entender, parecen perplejos de haber votado lo que han votado. Se inclinaron a derecha o izquierda según sus ideas, pero se encuentran con que los resultados no sirven para consolidar sus preferencias, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ni hacia un combinado de ambas, ni hacia un centro componedor. Solo sirven para dar presencia desproporcionada a una minoría que es la mayor amenaza para la estabilidad, prosperidad y convivencia de los ciudadanos y que supone la intromisión en los organismos esenciales del Estado de unas tendencias entre sovietizantes y anarquizantes, ocasionalmente vestidas a efectos electorales con la túnica populista de “Podemos”.

Desde la fría obstinación de Rajoy no se comprende toda la gravedad de la amenaza y se insiste en su derecho a gobernar por ser el partido más votado en las urnas sin hacer nada para ser el partido más votado en el Congreso. Desde la ambición personalista de Sánchez se soñaba que la línea roja que le impide negociar en su programa un referéndum contra la unidad de España pueda servir como garantía suficiente para que su potencial aliado eluda o disfrace dicho compromiso. Pero Iglesias ni elude ni disfraza sino que presenta como imprescindible esta bomba revientapactos. Con ello consigue, por el momento, una situación como la imaginada por G.K. Chesterton cuando escribió: “La democracia había muerto, porque nadie tenía interés en que la clase gobernante gobernase”. La casta, como mediáticamente dio en apodar a los políticos “Podemos”, cuando no formaba parte de ella, no está haciendo nada para comportarse como clase gobernante, sino que se está suicidando sin haber previsto su sustitución ni relevo por algo o alguien que no sea pura dinamita.

Se está jugando frívolamente con las palabras. Sánchez habla de referéndum, refiriéndose al preceptivo plebiscito para una imprecisa reforma constitucional, como sí, en tal equívoco, cumpliese incluir cualquier referéndum parcial. Los promotores de los derechos a decidir de fragmentos territoriales cambiarían gustosos tales derechos puntuales en favor de una situación confusa en que se impondría el derecho a decidir sobre todo lo que les viniese en gana como pretexto del cambio y la falta de principios y fortaleza de los obligados a guardar la integridad del Estado, consintiendo el minado de sus estructuras por la intrusión de los enemigos del sistema en sus engranajes. El derecho a destruir es más atractivo y eficiente para los enemigos de la supervivencia de España como nación que un referéndum regional. El objetivo de una ficción de negociación es desmantelar la fuerza social claramente mayoritaria que acepta la arquitectura constitucional, aprovechándose de la cortedad de miras de unos líderes de pacotilla que no parecen capaces de renunciar a sus personalismos y actuar con la flexibilidad que exige la vocación de centralidad que les ha transmitido, de forma fragmentada pero evidente, el cuerpo electoral.

Cuando el mundo teme entrar en un proceso de recesión global y España resiste en circunstancias* de recuperación y estabilidad, como una de las balsas salvavidas que pueden salvarse del naufragio, da la impresión de que algunos creen poder nadar por su cuenta, lanzándose en brazos de las sirenas engañosas que les prometen éxitos parciales en los mares revueltos. La corrupción ha deslegitimado directa y personalmente a quienes aparecen comprometidos o contaminados con ella, pero no a las bases electorales ni a quienes se han mantenido incólumes y fieles a lo que representan, sea cual sea su color político. Los políticos encastillados en ese “todo o nada” que representan para ellos las alfombras de la Moncloa, no parecen darse cuenta de que no nos enfrentamos solo a un derecho regional sino a un derecho a destruir la entidad nacional. Las desmesuradas exigencias de “Podemos” son exponentes de un afán de reventar cualquier espacio de coincidencia. Su insistencia en demandar para su incumbencia determinados organismos, como el Centro Nacional de Inteligencia, no tiene otro propósito que anular la capacidad de contraespionaje del Estado para abrir camino a la intromisión de tentáculos islamistas o chavistas en la intimidad de España. Le exigen al socialismo no solo la traición a sí mismo sino la traición a la democracia occidental. Ninguno de los partidos que han protagonizado el proceso constitucional que permitió a España pasar del Siglo XX al XXI en un clima razonable de progreso y convivencia puede servir de comodín para una apuesta extraviada que lleve entre sus naipes la carta condicionante de “Podemos”. La carta del derecho a destruir el presente es el camino nefasto hacia un futuro peor para toda lo que llaman “la gente”. Los abanderados de la desintegración deben ser desenmascarados antes de unas futuras y cada vez más previsibles elecciones.

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