Los grupos arropan a ZP para no derogar la resolución para negociar con ETA

        “Han alimentado la confrontación de los demócratas a costa de la política antiterrorista, y eso es lo peor que le puede ocurrir a una democracia”, les dijo el portavoz socialista Juan Luis Rascón; “dejen de hacer el ridículo: ésta no es la mejor forma para combatir el terrorismo”, les riñó la portavoz de ERC, Laia Cañigueral; “la propuesta del PP tiene un evidente sesgo electoral”, les echó en cara la portavoz peneuvista Margarita Uría; “a la furia de ETA solamente se añade el ruido del PP”, sentenció el portavoz de IU, Gaspar Llamazares; “menoscaban el Estado de Derecho porque restringen libertades y derechos fundamentales”, acusó la portavoz de EA, Begoña Lasagabaster… En definitiva, hacía tiempo que el PP no vivía una situación de tal soledad parlamentaria.

         Era la última sesión antes de la disolución de las Cortes Generales en la que el PP podía pedir la supresión parlamentaria de la resolución que permitía negociar con ETA, pero también en la que podían exigir la imprescriptibilidad de los delitos terroristas –propuesta-trampa de cara al futuro- e instar la ilegalización de PCTV y de ANV, supuestos apéndices de Batasuna-ETA. Y el PP quiso aprovechar la baza electoral que se les brindaba, pero en una especie de órdago al Gobierno acompañado de algo que sonaba a coacción: si se busca unidad contra los terroristas, hay que volver al redil anterior a marzo de 2004.

         Y eso es lo que todos los grupos políticos le han echado en cara este martes al portavoz del PP, Ignacio Astarloa, que le ha tocado la tarea de defender la citada proposición de su grupo parlamentario. No es la primera vez que el Pleno del Congreso tira abajo una propuesta similar, pero desde luego será la última: no habrá más ocasiones en esta legislatura.

         En su intervención inicial, Astarloa –a quien hubo que esperar algunos minutos a que llegara al hemiciclo- dejó sentado que “la unidad para derrotar a ETA es fundamental” pero que “derrotar a ETA es lo contrario a negociar con ETA” y que no valen “eslóganes de ocasión” ni lemas ocasionales para salir del paso en un momento de tristeza, como la pasada manifestación por el asesinato de dos guardias civiles.

         Fiel a sus tesis, Astarloa insistió en los argumentos ya conocidos de que hace cuatro años “estábamos acabando con ETA por una política de firmeza sin resquicio, sin salirse de la ley, asfixiando a los pistoleros y sus cómplices”, pero que la política negociadora del Gobierno de Rodríguez Zapatero les ha dado un balón de oxígeno. Por eso, “invitamos a todos a pasar de las palabras a los hechos”, porque es “la última ocasión de esta legislatura para que los terroristas reciban un mensaje inequívoco de lo que les espera”.

         Astarloa pidió que el Parlamento afirme que “con los terroristas no se va a negociar nunca”; segundo, que “los terroristas no pueden ser diputados, alcaldes ni concejales”, y tres, que la derrota de ETA pasa por la actuación implacable de la ley, perfeccionando los mecanismos legales para cerrar cualquier espacio de ventaja.

         Con ese fin, el PP propuso imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, porque así “todo terrorismo sabrá así que le llegará su hora de rendición de cuentas”, que la Fiscalía ponga desde este momento sobre la mesa los datos que relacionen a ANV y PCTV en el entramado ETA-Batasuna y que se revoque “la autorización parlamentaria para negociar con los terroristas aprobada en mala hora en mayo de 2005”.

         En ese punto, Astarloa recordó las palabras de Rodríguez Zapatero hace ahora un año sobre que estábamos mejor con esa negociación y que mejor íbamos a estar un año después. “Estaba equivocado”, y ahora es el momento de cerrar lo que nunca debió abrirse: “Es la última oportunidad para que el presidente y su Gobierno cierre definitivamente la puerta a la negociación con ETA”.

         “Pongamos un final sensato a esta legislatura tan poco sensata”, pidió Astarloa, porque ir a unas elecciones con este caso abierto “sería el peor balance de esta legislatura”.

 
Todos contra el “oportunismo” del PP

         En el turno de fijación de posiciones quedó clara la soledad en la que iban a quedar los diputados del PP. Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna (EA) avanzó de entrada que la no prescripción de los delitos “no la compartimos ni en el fondo ni en la forma”, afirmando que algunas medidas del PP “menoscaban el Estado de Derecho porque restringen libertades y derechos fundamentales”. Aprovechó para atacar la propia Ley de Partidos, que “no es un buen instrumento”.

         Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), avanzó que “no aceptamos la descalificación de lo que se hizo [la negociación con ETA]: fue una buena intención y estuvo bien orientado”, y además, sostuvo que hay que dejar las puertas abiertas en política.

         Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida (IU), inició su intervención de una forma muy ‘lírica’: “En horas 24, Lope de Vega pasaba de las musas al teatro”, o lo que es lo mismo, que el PP ha presentado una “enmienda oportunista para una iniciativa también oportunista” y que “a la furia de ETA solamente añade el ruido del PP”.

         Llamazares les recordó cuando la la derecha intentó negociar con el terrorismo, y les reprochó que ahora pretenda “pasar factura política al Gobierno y a la izquierda de esta Cámara”. “Es una iniciativa inquisitorial que no apunta a la organización terrorista ETA (…) su propuesta utiliza a ETA para dividir a los demócratas frente a ETA”, una propuesta, en definitiva, “extremista”. “Señorías del PP”, les dijo por último, “esto no es la guerra, la lucha contra ETA es una lucha civil sin atajos y sin oportunismo”.

         Margarita Uría, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), insistió en el argumento de que “la propuesta del PP tiene un evidente sesgo electoral”, y, frente a la petición de prescripción de los delitos por terrorismo, avanzó que supone una valoración judicial contra reo y una renuncia del Estado que a lo largo del tiempo puede encontrar otros razonamientos constitucionales, como recoge la sentencia 17/83 del Tribunal Constitucional, para que sin delinquir normalice su relación con otros seres humanos.

         Especialmente dura fue la representante de ERC, Laia Cañigueral, para quien la propuesta del PP “no tiene cabida en un Estado de Derecho”. Entiende los republicanos catalanistas que la no prescripción de delitos debe quedar para crímenes contra la humanidad y de guerra, “pero no para el terrorismo”. “Dejen de hacer el ridículo, ésta no es la mejor forma para combatir el terrorismo”, les dijo, para añadir que “son las personas las que cometen delitos y no las organizaciones ni los periódicos”.

         La mayor dureza vendría del grupo socialista, cuyo portavoz para el caso, Juan Luis Rascón, les recriminó el haber “alimentado la confrontación de los demócratas a costa de la política antiterrorista y eso es lo peor que le puede ocurrir a una democracia”. Rascón pidió a los populares que “dejen al Estado de Derecho actuar, déjenlo tranquilo, confíen en él”. Y finalizó: “Esperemos que el revolcón en las urnas les pongan a ustedes donde merecen estar”.