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No al racismo. Somos mestizos

martes 13 de diciembre de 2016, 08:53h

En su Informe sobre la Discriminación en 1915, SOS Racismo exige al Gobierno una Ley Integral contra la discriminación y otra Ley de protección de víctimas de delitos de odio. Para que el problema empiece a solucionarse piden que aumente el conocimiento de esta realidad y la creación de una estrategia integral y consensuada entre las administraciones públicas, la sociedad civil y la ciudadanía, escribe Gómez Garrido. El estudio aborda los 247 casos de discriminación que fueron denunciados a SOS Racismo en 2015. Unos datos que, según Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación, son sólo una “muestra” de una realidad más dolorosa e injusta. La cifra apenas se ha movido en los últimos años debido a que la discriminación se ha hecho costumbre y a que las víctimas desconocen su posibilidad de denunciar, no confían en ello o no se atreven. La opresión racial se refleja en dos tipos de consecuencias principales: las agresiones y el conocido como racismo institucional.

Sobre las agresiones nada podemos agregar a las incesantes noticias de estos casos en los medios de comunicación. El racismo institucional abarca desde los CIE (Centros de internamiento de extranjeros) y los obstáculos para obtener la nacionalidad o regularizar la situación en el país. También se traduce, en palabras de Mohamed Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid, en “cacerías policiales para llenar un avión de deportados, la retención de un menor en un CIE durante 59 días, deportaciones a extranjeros que llevaban más de diez años en territorio español o la absoluta falta de transparencia de estos lugares, que impide conocer que ha ocurrido con hasta el 50% de las personas internas”.

Para que el estado español pueda estar al mismo nivel que el resto de la mayoría de países de la UE en materia de políticas públicas antidiscriminatorias debería adoptar estas propuestas: Elaboración urgente de una Ley Integral contra la discriminación. Necesaria para dotar a los operadores jurídicos de herramientas eficaces para denunciar los casos de discriminación que se producen tanto en el ámbito público como en el privado. Por ello piden al Gobierno y a todos los partidos políticos el compromiso de impulsar la aprobación de una Ley Integral contra la discriminación.
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Asimismo, la elaboración urgente de una Ley de Protección de Víctimas de delitos de odio. La Directiva Europea 2012/29, de Normas Mínimas de derechos, apoyo y protección a las Víctimas de Delitos, reconoce como colectivos “especialmente vulnerables” a quienes sean víctimas de delitos de odio. Además de las amenazas, agresiones o insultos, es necesario ampliar el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal: denegación de prestaciones públicas y privadas, discriminación laboral o actuaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado motivadas por la agravante de discriminación. De ahí la urgencia de que todos los partidos políticos impulsen la aprobación de una Ley de Protección de Víctimas de delitos de odio al margen de la situación administrativa de la víctima.

Urge una elaboración seria de datos estadísticos fiables. Para ello es preciso la coordinación entre diferentes administraciones: Ministerio del Interior, Justicia, CCAA, policías autonómicas, etc. Cuantificar la discriminación es el primer paso para combatirla y esta labor sólo la puede realizar el Gobierno. Sin embargo cuantificar las denuncias en el ámbito policial o judicial no es suficiente para medir la discriminación. Es necesario conocer el resultado final de los atestados policiales que ofrece el Ministerio del Interior en sus informes sobre delitos de odio, incluir incidentes discriminatorios que se producen fuera del ámbito penal y elaborar criterios comunes entre entidades y Administración a la hora de calificar y clasificar incidentes discriminatorios.
Además de los delitos de odio, las actuaciones discriminatorias contra individuos por su pertenencia a determinados grupos pueden ser llevadas a cabo a través de discursos que incitan al odio. Las redes sociales son el principal mecanismo de propagación de este tipo de discurso pero también se observa en declaraciones de algunos representantes políticos.

Por todo ello piden que los partidos políticos se doten de un código ético por el cual se comprometan a no hacer demagogia ni populismo con la inmigración y que se doten de mecanismos que sancionen a quienes incumplan este compromiso. Ante los documentados e indignantes datos de este Informe de SOS Racismo nadie podrá decir que “no lo sabía” ni que se trata de “casos aislados”. Por desgracia todavía muchos ciudadanos llevan en la sangre ese complejo de una supuesta “pureza de sangre” que se da de bruces con la manifiesta realidad de que todos somos mestizos, de una u otra forma. Y esta realidad deberíamos llevarla con orgullo y dignidad mostrándonos coherentes en nuestras actitudes radicales y en nuestra conducta diaria. Llamarse a Andana demuestra tanta ignorancia como bajeza moral.

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