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Humillaciones inútiles

martes 06 de noviembre de 2018, 10:26h

Humillarse por adelantado para implorar favores puede ser un procedimiento poco airoso pero disculpable si resultase efectivo. Pero humillarse cuando lo predecible es que no se va a conseguir nada a cambio es hacer el ridículo. Así de ridícula es la táctica de apaciguamiento desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante los dirigentes de determinados partidos separatistas catalanes de los que depende el voto -teóricamente libre de “mandato imperativo”- que necesita para apoyar unos Presupuestos Generales del Estado. Solo para eso, no para conseguir una rebaja de sus proyectos independentistas unilaterales.

La humillación ha tenido tres planteamientos públicos y otros contactos reservados directos o por medio de intermediarios. Los tres planteamientos se han evidenciado en el traslado de presos sometidos a prisión preventiva a cárceles situadas en Cataluña y administradas por la actual Generalidad Catalana; la asunción por la Abogacía del Estado de una interpretación por la que los acusados no serían calificados como “rebeldes” sino como “sediciosos” y la siembra de expectativas nebulosas sobre futuras concesiones de indultos a penas que aún no han sido sentenciadas. Estas tres flores humildes como violetas han adornado vergonzosamente el ropaje de un gobernante que se muestra soberbio en otras actuaciones contra adversarios indefensos.

Lo más llamativo de estas actuaciones es la rebaja de “rebelión” a “sedición”. No se trata, como han alegado los políticos gubernamentales, de un asunto de técnica jurídica sino de una malversación de doctrina, transformando los ataques a la Constitución en simples desórdenes públicos. La cuestión no está en la violencia o las armas sino en la intencionalidad de la agresión contra las leyes. Pero el objeto de esta rebaja, que escenificó una lamentable ruptura de la unidad de criterio en los cuerpos jurídicos del Estado, no radica en una convicción profunda sino en presentar ante los supuestamente dañados por una futura sentencia judicial la posibilidad de que esta no solo signifique reducción de las penas sino que haga posible apelar la sentencia o abrir paso a una justificación de un indulto. Lo importante no es la diferencia de penas entre doce o veinticinco años sino la puesta en duda de la efectividad de su cumplimiento.

Es conveniente ponerse en la piel de la otra parte antes de insinuar previas humillaciones vergonzantes. Los conocidos “políticos presos” no se plantean para nada la perspectiva de permanecer en prisión ni veinticinco años, ni doce, ni seis, ni siquiera muchos meses. Ellos necesitan ser libres en términos de actualidad. Dentro de seis años, como hipótesis rebajada, podrían ser libres como ciudadanos pero su hora política habría pasado. Serán unos dirigentes fracasados en una batalla planteada en términos unilaterales ilegales y por ello jurídicamente fracasada. Una página pasada en la anécdota de una pretensión absurda. Ellos necesitan gestos o acciones habilitantes que les den juego en el presente. Ni Puigdemont puede resistir seis años en Waterloo ni Junqueras en Llavaneras sin perder por aburrimiento a sus más fieles seguidores.

Por ello resulta incomprensible que Pedro Sánchez pueda haber calculado que rebajas de condenas, cambios de establecimientos penitenciarios o insinuaciones futuribles de absoluciones puedan ser factores decisivos para que sus acompañantes en la moción de censura le prolonguen su crédito a cambio de nada, porque “nada” son las insinuaciones de atenuaciones de pena o promesas de indulto de difícil tramitación por el Gobierno de una nación donde existe separación de poderes. El Gobierno de Sánchez está haciendo gestos ridículos tanto ante los separatistas catalanes como haciendo cucamonas a los salvajes de Alsasua. El estilo de Sánchez es humillar al Estado ante sus enemigos en beneficio de una estabilidad propia que no consigue. No se puede tener por tan tontos a los adversarios como para que no sepan que si dentro de muchos o pocos años pretenden revisar sentencias, indultar condenas o rehabilitar conductas, tendrán que tratar con otros gobiernos y no con quien hoy intenta pagar por adelantado con humillaciones el precio de alargar sus meses de permanencia en la Moncloa.

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