Se dice que los primeros cien días de la gestión de un gobierno definen esencialmente lo que será el resto. Los temas difíciles, que acarrean costo político pero que aportan un beneficio general y duradero, deben resolverse de inicio. Si estos temas intentan resolverse gradualmente, se desarrollan anticuerpos por parte de los pequeños grupos afectados, que resisten e impiden los cambios. Se muestra debilidad que es aprovechada por sectores populistas y demagógicos que finalmente pueden lograr impedir cualquier otra acción eficaz de gobierno.
Mauricio Macri debió tomar la aplicación del odioso aumento del ABL que su partido había decidido y legislado junto a Telerman. Un aumento que suena confiscatorio si uno lo evalúa en el antes y después inmediatos, pero no en la perspectiva de siete años sin ajustes y con devaluación e inflación mediante. En todo caso hubo diferenciaciones por barrios intentando cargar más sobre ricos y menos sobre pobres. Algo de propósito redistributivo y algo de política. Es un criterio aceptable siempre que con más tiempo se corrijan las distorsiones evidentes. Lo del ABL en algún momento se tendrá que replicar en otros precios y tarifas de servicios públicos congelados. Mala noticia para los que debemos pagarlo pero consecuencia de lo hecho en los últimos seis años y no culpa de quien tiene que destapar la olla de presión.
Pero la batalla importante de Macri está planteada en el frente del gasto y de la burocracia, además de la ruptura de los intereses de la dirigencia sindical. El ajuste del ABL será mejor digerido por la ciudadanía si observa un esfuerzo por reducir el gasto superfluo. En esto Macri empezó como debía. No cabe duda que la inmensa mayoría apoya la reducción de la burocracia excedente, particularmente la expulsión de los llamados ñoquis y la rescisión de los contratos de los que fueron designados más recientemente por su vinculación política. Es más que obvio que el gobierno de la Ciudad no necesita 120.000 empleados. Recuérdese que no es responsable de la seguridad, ni de la prestación de los servicios públicos, ni de la enseñanza universitaria, ni de la justicia. Con sólo hacer comparaciones con otras grandes ciudades se advierte el exceso. Es imperioso hacer una reforma administrativa y si no se tiene un programa integral elaborado, ha sido como mínimo correcto e indiscutible empezar por suprimir algunas secretarías y dependencias cuya redundancia era obvia, y prescindir de 2.400 empleados contratados no mucho antes del cambio de gobierno. También es acertado terminar con la cautividad a OBSBA, la obra social de los empleados de la Ciudad, y permitirles que opten y se afilien a la que más les convenga. Los empleados debieran haber aplaudido estas medidas y seguramente la mayoría de ellos lo hace en privado. Lo que defiende la dirigencia sindical es el interés de los dirigentes, pero no el de los trabajadores. Esto es clarísimo en el caso de la afiliación obligada a una sola obra social.
El kirchnerismo ha puesto sus cañones sobre Macri. También lo ha hecho su aliado estratégico Hugo Moyano, quien desde la Plaza de Mayo y frente a una concurrencia traída a fuerza de micros y choripanes, denunció un “genocidio laboral”. El uso indebido y abuso de la palabra genocidio terminará cansando a la gente y creo no equivocarme si pienso que los paros actuarán como un bumerang contra Moyano y Kirchner. La batalla está hoy dada en la Ciudad de Buenos Aires y debemos comprender que es una causa que no debe fracasar, cuyo buen logro constituirá un ejemplo a expandir y contribuirá a construir una oposición en todo el orden nacional.
Manuel Solanet
Presidente de la Fundación Futuro Argentino
www.futuroargentino.com.ar
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