La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, se comprometió este miércoles a investigar las agresiones sufridas estas últimas semanas por las clínicas de interrupciones voluntarias del embarazo y a trasladar al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, las quejas de este colectivo, que se siente acosado por la Administración autonómica, según adelantó la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Representantes de la ACAI se reunieron este miércoles con la delegada del Gobierno para negociar las demandas de "seguridad jurídica y respeto" por las que 38 centros abortistas de toda España secundan una huelga desde ayer para protestar por las "presiones" recibidas.
Poco antes, la asociación mantuvo otra reunión con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, quien les sugirió "la posibilidad de emprender acciones administrativas contra la consejería de Sanidad y contra los agresores".
El colectivo demanda que se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto como prestación sanitaria básica legal; que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que posibilitan el recurso al aborto; y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" a fin de reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
Acosados
Al concluir la reunión, que se prolongó por más de una hora y media, Francisca García, miembro de la Junta Directiva de la ACAI, detalló que la asociación ha trasladado a Mestre "la situación de acoso" que están sufriendo por parte de la Consejería de Sanidad y de determinados individuos.
Según García, la asociación agradeció personalmente a la delegada el suplemento de vigilancia desplegado en las clínicas el pasado 28 de diciembre, cuando varios grupos contrarios al aborto se manifestaron frente a las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo en la capital.
El doctor Sergio Muñoz, vocal por Madrid de ACAI, se quejó de que el colectivo se siente "acosado" y "presionado" por las presiones recibidas a raíz de la actuación de la Consejería de Sanidad contra dos de las siete clínicas privadas de Madrid.
"La situación está mal. Nos sentimos acosados y la Comunidad no nos está apoyando", se lamentó Muñoz, que recordó que el pasado año se practicaron 4.000 abortos subvencionados por el Ejecutivo regional.
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