Según explicó la semana pasada el fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, las demandas del Ministerio Público, que irán por el trámite de la demanda ordinaria -en vez del más rápido solicitando la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna en 2003-, destacarán como causa principal de ilegalización la prevista en el artículo 9.3 f) de la LPP.
Este artículo considera como causa suficiente de ilegalización el "colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que ampararan o apoyan al terrorismo o a los terroristas". En este sentido, se les acusará de colaborar de forma habitual con la ilegalizada Batasuna.
En lo que se refiere al PCTV, esta colaboración habitual vendría dada por el abono por parte de esta formación de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellos algunos miembros destacados de la Mesa Nacional. A ello se añade la cesión del local de que dispone PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa) para reuniones clandestinas de miembros de Batasuna.
Contra ANV, la Fiscalía también alegará la comisión de la causa prevista en el artículo 9.3 a) de la LPP, la de "dar apoyo político expreso o tácito a terrorismo legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta".
"Al día siguiente" de la presentación de ambas demandas, según anunció la pasada semana Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará la suspensión cautelar de las actividades tanto de PCTV como de ANV al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que mantiene abierta una causa penal contra varios de sus miembros por presuntos delitos e integración en organización terrorista.
Igualmente, el Ministerio Público también solicitará ante la Sala del 61 del Supremo la medida cautelar de suspensión de las actividades de ambas formaciones, tal y como prevé LPP.
En caso de fallar las peticiones de suspensión ante Garzón y ante la Sala del 61, lo que parece poco probable a la luz de los indicios presentados, la Fiscalía tratará de evitar que ambos partidos concurran a las elecciones mediante la presentación de contenciosos electorales.
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