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El problema será la pasta

El Gobierno pretende que sólo los estatutos de Cataluña y Andalucía cuantifiquen, como de hecho ya hacen, las inversiones del Estado. Se trata de evitar un sudoku, pero los agravios aflorarán de un momento a otro, con la particularidad de que hasta ahora se venía hablando de literatura política y a partir de ahora se hablará de pasta. Pero no sólo planea esta amenaza sobre la mayoría de las comunidades. El ministro de Economía, Pedro Solbes, no puede ser más claro: la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica tendrá como punto de partida una ley que ya está aprobada y que es el Estatuto catalán.

Traducido al castellano: parte de las inversiones generales ya están definidas y las comunidades recibirán más dinero por población que por otros posibles conceptos, como la dispersión. Nueva tormenta, pues, a la vista, salvo que la magia política de Rodríguez Zapatero también encaje la cuadratura del círculo.

A simple vista puede parecer lógico que el vicepresidente Solbes trate de convencer a Zapatero de que frene la deriva en la que han entrado las autonomías de establecer sus propios criterios para que los Presupuestos Generales del Estado se plieguen a las variables que cada uno exige en su nuevo texto. Lo que ya no es lógico es que haya agravios.

El recurso a la Constitución y al Tribunal Constitucional siempre está ahí, ya que la Carta Magna garantiza a todas las comunidades el principio de solidaridad, pero la realidad de la política no apunta precisamente en esa dirección. Lo veremos cuando se fije el llamado fondo de suficiencia, que es una financiación adicional que tiene por objeto cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto de cada comunidad y su capacidad fiscal.

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