El TSJM pide al alcalde de Las Rozas que anule la cesión de suelo a la RFEF

Según el fallo, el TSJM no ha admitido el recurso de nulidad de actuaciones interpuesto por la Real Federación Española de Fútbol contra la ejecución forzosa de la sentencia que declaró ilegal la donación de 120.000 m2 de suelo público por parte del Ayuntamiento de Las Rozas a esta entidad. La cesión fue aprobada por el Ejecutivo local de De Santiago en un pleno municipal celebrado en 1998 con los votos en contra del PSOE e IU.

Ambos partidos denunciaron que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes demaniales (de dominio público) lo cual impedía su donación a una entidad privada como la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.

La sala ha acordado requerir de forma personal al regidor para que "en el plazo improrrogable de 30 días" adopte los acuerdos necesarios para que se ejecute la sentencia que anula la cesión. También indica que "a partir de ese momento se abstenga de realizar cualquier acto que implique el uso, posesión o disfrute de la finca donada a terceras personas".

Según el PSOE, "esto supondrá en la práctica no sólo la recuperación de los terrenos por parte del municipio de Las Rozas, sino que además impedirá la presencia de la RFEF en ellos, ya que se trata de suelo exclusivamente de uso público".

El juez advierte que si no se acata la sentencia se dará traslado de la ejecución al Ministerio Fiscal por "presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y se impondrán multas coercitivas personalmente de 300 euros cada 60 días que transcurran sin tomar posesión administrativa de los inmuebles".

Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento no ha recibido notificación del auto pero se reafirma en su voluntad de "mantener la Ciudad del Fútbol en Las Rozas por los innumerables beneficios que su presencia comporta a sus habitantes".

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el Ejecutivo está dispuesto a realizar las correcciones administrativas necesarias sobre "la pequeña parte de los terrenos afectada" que se recogerán en la revisión del plan de urbanismo, actualmente en tramitación.